Para Sofía cruzar la puerta de su casa es el comienzo de una ruta de obstáculos. Ella debe sortear baches, adoquines rotos, autos mal estacionados, gradas en mal estado, árboles que obstruyen la vía, semáforos que cambian rápido. Y esas son solo algunas de las barreras que hay en la ciudad.

Sufre una discapacidad física hace 10 años, por lo que requiere de una silla de ruedas para trasladarse. “La ciudad no es amigable con las personas con discapacidad. Aunque los espacios han mejorado, aún hay cosas que no funcionan y, sobre todo, las personas no se detienen a pensar sobre lo que una persona con discapacidad debe vivir”, dice.

Ahora ella se somete a terapias y controles dos veces a la semana. Comenta que antes, cuando llegaba al centro de salud o al hospital, tenía que pedir auxilio a personas desconocidas para que la cargaran y la ayudaran a subir y bajar gradas, alcanzar las ventanillas, incluso, para usar los baños. Pero la situación ha mejorado.

Sofía vive por el sector San Carlos, en el norte de la capital. Los martes sale de su casa a las 06:30,  cuando escucha el sonido del claxon del taxi que la espera. Celso es su primo y también el chofer. Conduce durante 15 minutos hasta llegar a las puertas del centro de salud, donde Sofía, gracias a las rampas, ingresa sin dificultad.

Las cuestas, los bordes y los pasamanos están muy bien colocados y permiten a Sofía movilizarse, al menos en el interior del lugar.

Datos del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Conadis muestran que en el país existen 403.212 personas con discapacidad y con problemas para movilizarse libremente. Ellas están legalmente acreditadas.   

La cartera de Salud, a través de la Dirección Nacional de Discapacidades, envió a las coordinaciones zonales la Base Metodológica: Normas INEN 2000-2010, Herramienta para Diagnóstico Situacional de Barreras de Accesibilidad y Servicios de Salud para Personas con Discapacidad, con el objetivo de que en las unidades operativas se realicen las readecuaciones pertinentes.

La Ley Orgánica de Discapacidades señala en su artículo 58 sobre accesibilidad, que “se garantizará a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de bienes y servicios de la sociedad, eliminando barreras que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento e integración social. En toda obra pública y privada de acceso público, urbana o rural, deberán preverse accesos, medios de circulación, información e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad”.

Juan Carlos Panchi, director nacional de Discapacidades, Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud, aseguró que el documento fue enviado a la Dirección de Infraestructura para que esos lineamientos se incluyan en la construcción de las diferentes unidades operativas.

Los hospitales y centros de salud que han sido construidos durante el período del actual Gobierno cuentan con herramientas de accesibilidad destinadas a las personas con discapacidad.  

Algunos de ellos son el Hospital Dr. Liborio Panchana (Santa Elena), Luis G. Dávila (Carchi), Hospital del Puyo (Pastaza) y Maternidad de Santa Rosa Huaquillas (El Oro). También están los hospitales repotenciados como  Baca Ortiz (Pichincha), Pablo Arturo Suárez (Pichincha), Icaza Bustamante (Guayas), Abel Gilbert Pontón (Guayas), Delfina Torres de Concha (Esmeraldas) y Alfredo Noboa (Bolívar).

Por otro lado, Panchi recalcó que la Dirección Nacional de Discapacidades realiza visitas a las diferentes unidades operativas que actualmente están autorizadas para la calificación de discapacidades. Ahí  verifican que estas unidades cuenten con la accesibilidad e información adecuadas para los pacientes.

Proyectos en marcha

El Ministerio de Salud Pública ejecuta el Curso Virtual de Sensibilización en Discapacidades, pues existe la intención de brindar una atención de calidad a las personas con discapacidad y también a los integrantes de sus familias.

Esta cartera, en coordinación con la Secretaría Técnica de Discapacidades (Setedis), capacitó a profesionales de 5 ciudades (Cuenca, Quito, Portoviejo, Guayaquil, Ambato) en lenguaje de señas, pues también hay una política de atención para la discapacidad auditiva.