Juan José Bayas pide justicia. Fue abusado sexualmente cuando tenía 16 años por el sacerdote Luis Fernando I., quien a pesar de que han pasado 13 años sigue en libertad.

El religioso era capellán del colegio Espíritu Santo, en Guayaquil, en donde estudiaba.

El 14 de enero de este año, la Fiscalía archivó su proceso “por falta de pruebas, cuando hubo más de 100 víctimas de ese sacerdote”, dijo.

Por ello, Bayas y otras víctimas   del clero y de docentes en el sistema educativo protestaron a las afueras de la Fiscalía. Piden justicia.

En enero de este año, esta entidad informó a EL TELÉGRAFO que existen 23 casos que involucran a sacerdotes a nivel nacional.

La mayoría de los casos se registran en Pichincha, Guayas y Azuay.

Jorge Palacios denunció en 2010 la agresión sexual que recibió por parte del sacerdote César C.

Este religioso fue separado de la iglesia, pero el proceso legal continúa en indagación previa.

Hace un año receptaron en la Fiscalía su denuncia.

A pesar de que fue violentado cuando tuvo 6 años, hace uno, más de 40 años después, tuvo que someterse a exámenes médicos legales y volver a rendir su testimonio.

“Exijo justicia, que el cura César C. pague por las agresiones”, dijo.

Jorge Palacios no es la única víctima del sacerdote César C. Patricio Villavicencio también fue violado por ese cura a los 13 años. Llegó atrasado y luego  de castigos físicos lo violentó.

Villavicencio recuerda que ese episodio afectó su vida. Se volvió agresivo y tuvo problemas para relacionarse con otras personas. Sus padres  jamás le creyeron.  “No puede quedar impune el sufrimiento que vivimos”, dijo.

Por ello piden que la Fiscalía investigue estos delitos y no queden en la impunidad.

En 2018, la Comisión Especializada Ocasional Aampetra señaló que hay 734 casos judicializados. Además, se registró un aumento del 55% de las denuncias sobre casos de violencia sexual a menores en instituciones educativas.

Los familiares y las víctimas no se pudieron reunir con la fiscal Diana Salazar, en su lugar estuvieron Cristián Lombeida, asesor jurídico de la Fiscalía, y Mary Chiriboga, coordinadora misional. Estos funcionarios solicitaron a los familiares que entreguen un informe del estado de las causas en el país.

Patricia Espín, un familiar de una de las víctimas de violaciones en el sistema educativo, pide agilidad de la Fiscalía.

Su hija de 15 años fue abusada sexualmente en un colegio en Ambato y su agresor quedó en libertad.

Pide que los casos de violaciones no se archiven. Recordó que en 2018, mediante consulta popular, se prohibió la imprescriptibilidad

de los procesos por violación.

Su caso actualmente está en la Corte Constitucional y “no avanza”, manifestó.

Irasema de Trujillo, también, pide justicia por las agresiones sexuales a estudiantes en las escuelas de ballet.  Por ejemplo detalló que un presunto violador está libre, a pesar de las denuncias que recibió en el Ballet Ecuatoriano de Cámara y la academia Guadalupe Chávez. (I)