El superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, manifestó que el año pasado, en Azuay, se presentaron cerca de 2.300 reclamos relacionados con el mal servicio de internet, telefonía móvil, fija y otros.

En la gran mayoría de las quejas se  logró que se restituyan los valores cobrados en exceso a los usuarios. 

Señaló que la infracción más común en la que incurren las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, es  atar los paquetes  a la venta de equipos.

Recordó que no se puede condicionar el uso de determinado equipo a ciertos servicios.
Añadió que los usuarios, en cualquier momento,  pueden dar por terminados los servicios contratados, en cuyo caso le cobrarán estrictamente los valores correspondientes a los días que los recibió.

Con el fin de generar una conciencia de reclamo en la colectividad, se  desarrollaron varias acciones como las Jornadas de Telecomunicaciones  en más de 80 ciudades del país. 

Asimismo,  se han conformado los equipos azules con ciudadanos voluntarios que ayudan a la entidad en la tarea de control de los servicios.

En cuanto al combate  a los sistemas ilegales de comunicación internacional, conocidos como by pass, el superintendente manifestó que en la actualidad el control exige mucho mayor trabajo.

Estos sistemas, expresó,  son implementados en su mayoría con líneas telefónicas móviles, hecho que demanda mayores esfuerzos técnicos e investigativos.

Para la institución es una prioridad el combate a los by pass, por los graves perjuicios económicos que causan a las operadoras legalmente autorizadas.

En especial por el compromiso de la Superintendencia de combatir frontalmente  la corrupción en el ámbito de su competencia.

Para el intendente Regional Sur de la Supertel, Fabián Brito, las telecomunicaciones juegan un rol muy importante en el desarrollo del país.

Afirmó que el nivel de  penetración de telefonía fija ha avanzado entre un 20 y 25%, lo cual implica que casi la totalidad de la población cuenta con este servicio. 

Respecto al acceso al internet, indicó que antes había menos de un millón de cuentas, pero  hoy la cifra llega a más de 3 millones.

“Esto representa cerca de 8 millones de personas conectadas a la red de la información”, subrayó.
El gobernador del Azuay, Humberto Cordero, resaltó la importancia de que la ciudadanía se empodere de sus derechos.

Sostuvo que los ecuatorianos deben ser atendidos con amabilidad, eficiencia, respeto y de manera gratuita por parte de las operadoras del servicio.

Además, las quejas, reclamos y denuncias deben ser recibidos por la prestadora de servicios o ante la Supertel, para ser resueltos en  forma diligente.

Cordero precisó que los ciudadanos tienen derecho a la privacidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones, la reserva de sus datos personales, entre otros aspectos.

La Superintendencia  tramitó 23 mil reclamos relacionados con servicios de telecomunicaciones durante el 2012 a nivel nacional. 

Se entiende por estos servicios a la telefonía fija, telefonía móvil, internet, transmisión de datos, servicios de valor agregado, radiodifusión, televisión y sistemas de televisión por suscripción.