Es muy fácil observar que el país durante toda su historia republicana ha estado entrampado en una estructura de poder económico y político de carácter bipolar. Quito y Guayaquil, Pichincha y Guayas han concentrado más del 80% de las inversiones y recursos públicos y privados y concomitantemente han generado corrientes migratorias caóticas que han destruido su estructura urbana con aglomeración, inseguridad e insalubridad. A esta bipolaridad centralista la hemos denominado ‘regionalismo’ de la Costa y de la Sierra, y en la etapa petrolera se comenzó a hablar de la Región Amazónica. Esta seudoregionalización por climas ha servido para camuflar el centralismo metropolitano que neutraliza y agota las enormes potencialidades productivas del país, destinando la mayor parte de sus recursos hacia la especulación y la fuga de capitales. Es indispensable por tanto, vertebrar al país en forma horizontal. Las regiones por definición no son climas similares sino espacios nacionales interdependientes, es decir, unidades geoeconómicas con hondas raíces ancestrales de carácter étnico cultural.

Para superar este malsano regionalismo que esconde la bipolaridad centralista y desarticula nuestra Patria, es necesario vertebrar horizontalmente el territorio nacional en verdaderas regiones, es decir, en espacios históricamente interrelacionados que constituyen unidades geoeconómicas que harán factible superar tanto la dispersión y marginalidad como la “megalopolización”, dando prioridad al desarrollo armónico y equitativo del país.

¿Por qué la regionalización horizontal y no las autonomías provinciales?

El país, a través de su historia, y por razones políticas, se ha dividido en 24 provincias, entre las cuales hay enormes disparidades y brechas económicas. Pichincha y Guayas han concentrado enormes recursos, mientras hay una generalidad de provincias que en el contexto no tienen viabilidad autonómica, por cuanto carecen de recursos y no están en capacidad de atraer inversiones y, por lo tanto, generar fuentes ocupacionales sustentables.

Declarar la autonomía opcional de las 24 provincias sería una medida absolutamente concentradora e injusta pues contribuiría a consolidar la actual estructura bipolar del poder y la economía.
La regionalización horizontal obligadamente tiene que comenzar siendo una medida de desconcentración de la acción del Gobierno Nacional en todo el territorio, articulándolo en espacios históricamente interdependientes y equidistantes en su peso demográfico, territorial y económico, es decir: se trata de generar equidad. Las regiones, por cierto, se integran de provincias y por consiguiente es necesario que existan también, dentro de cada región, condiciones elementales de equilibrio entre las provincias que las conforman, de ahí la necesidad y urgencia de promover las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas en Pichincha y Santa Elena en el Guayas.

¿Qué es una región?

Las regiones no son climas similares, sino espacios nacionales interdependientes, que precisamente por tener diversos climas generaron producciones diferentes en una continuidad geográfica, que obligó desde tiempos inmemoriales a un intercambio y una obvia interdependencia en todos los planos.

Aquella seudoregionalización por climas no tiene ninguna consistencia ni utilidad. ¿Qué tiene ver la Provincia de Orellana con la de Zamora, la de Imbabura con la de Loja, o la de El Oro con Los Ríos? es una evidencia muy fácilmente comprobable que nada que no sea el hecho de contar con climas similares y pertenecer a un mismo país.

¿Por qué 7 regiones y 2 metropolitanas?

No es cuestión de trazar improvisadamente un mapa como con absoluta mala fe e intenciones de detener o por lo menos desarticular el plan de equidad territorial se ha afirmado por parte de quienes están empeñados en perpetuar el actual sistema o de los que quieren sustituir la bipolaridad por una tripolaridad con inocultables objetivos centralistas. La necesidad de reestructurar espacialmente al Estado data de más de 3 décadas.

A finales de la década del sesenta, el país contrató los estudios de regionalización con la empresa estatal francesa Orstom, y tomando como base dichos estudios se establecieron algunos organismos de desarrollo regional como el CREA en la Región Cañari, Predesur en la región sur, Cedege en la Cuenca del Guayas, CRM en la región Manabita. Posteriormente, se tuvo que modificar este Plan para generar viabilidad política al proyecto, se planteó entonces 7 regiones territoriales, integradas por provincias cuyos límites no tengan que ser modificados, y 2 regiones metropolitanas autónomas en Quito y Guayaquil a fin de generar equidad entre las 7 regiones, que restada la concentración poblacional y económica de Quito y Guayaquil, tienen un similar o equiparable peso económico, demográfico y territorial. No se puede entonces a éstas alturas intentar boicotear este plan de equidad territorial con interrogantes aparentemente ingenuos como aquel de: “porqué tienen que ser 7 regiones y no 4 o 5 u 8 regiones” o el absurdo de plantear que la estructura orgánica del Estado, que es por esencia derecho público, tenga que brotar de una decisión opcional de las provincias y municipios que a bien tengan integrarse de acuerdo con proyectos o intereses coyunturales.

¿Por qué desconcentración y no descentralización o régimen autonómico a nivel regional?

Descentralización sin desconcentración de la acción reguladora, promotora y redistribuidora del Gobierno Nacional en todo el territorio del país, sería igual a una diáspora de fuertes y débiles, es decir, una dispersión en medio de la cual se concentre aún más lo que se ha concentrado por siglos, mediante el blindaje de prerrogativas y privilegios para seguir acumulando más poder y riqueza, frente a la sistemática marginación de los más débiles. Por tanto, la descentralización de los municipios no puede ser opcional, necesita estar acompañada de la desconcentración regionalizada, para promover el desarrollo armónico del territorio nacional. (O)