Con quemaduras de segundo grado permanece asilado en el hospital del Seguro Social de Cuenca el cabo de Policía Omar Babay, quien fue atacado por manifestantes en el sector  Shiña, provincia de Azuay.

El agente afirmó que un sector de la ciudadanía no entiende el trabajo de ellos. “Nuestra misión era que la vía quedase despejada y que no hubiera problemas con la transportación. Ellos saben que el cierre está tipificado como un delito”, indicó.

Sostuvo que apenas llegaron a Shiña fueron recibidos a piedras. “Recuerdo que me lanzaron una bomba molotov y que ni el casco me protegió”, indicó. Varios vendajes cubren el rostro del gendarme.  

El médico Juan Carlos Ortiz señaló que Babay se encuentra estable de salud, pero debe tener los cuidados necesarios.  
Un total de seis agentes resultaron con lesiones tras las protestas del lunes de los representantes de las juntas parroquiales.  

Los dirigentes rechazan la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), que modificó el manual de requisitos para la matriculación vehicular. Se determina no exigir como requisito previo más documentos de los que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   

Esta decisión provocó que el comprobante de pago de la tasa solidaria, creada en 2007 por la Cámara Provincial del Azuay, perdiera vigencia desde este año.

El prefecto Paúl Carrasco manifestó, en una entrevista con la Voz de Tomebamba, que no dialogarán con el representante del Ejecutivo, sino con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Paola Carvajal.

El presidente de la República, Rafael Correa, anunció en su cuenta de Twitter que se sancionará a los responsables del ataque y que el cierre de vías motivado por el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, fue un fracaso.

“Dirán nuevamente criminalización de la protesta social. Cuenca y Azuay rechazaron esta clase de prácticas del viejo país”, enfatizó.

Ayer, sobre la exigencia del Prefecto, señaló que se inventó la tasa para repartirla a las juntas parroquiales, “pero la tasa nosotros se la cobramos con la matriculación de los carros. Ellos crean impuestos y nosotros se los recaudamos ¿por qué?”, se preguntó. Además sostuvo que es  inconstitucional e ilegal.