Los azuayos perjudicados por los ‘chulqueros’ perdieron el miedo y ahora arremeten contra ellos. Piden a las autoridades mayor agilidad en los trámites; en unos casos para detenerlos y en otros para que se inicien las investigaciones.

Las historias contadas por los perjudicados son diversas, unas más trágicas que otras. Fabiola (nombre protegido) dijo que un familiar murió hace poco. “El ‘chulquero’ llegó al velorio y pidió que destaparan el ataúd para estar seguro de que era la misma persona que le debía dinero”.

Otro como Jaime Cando, que a su vez es presidente de los perjudicados, perdió 13 viviendas. El hombre se dedicó a la construcción, luego de haber trabajado en una petrolera. Pidió dinero para ampliar un programa de vivienda, pero los intereses fueron más altos que la misma obra.

Y luego los prestamistas le indicaron que él jamás había pagado los cheques. “Yo soy el que más perjuicio ha tenido en el Azuay. Yo caí en la red más grande de ‘chulqueros’, el perjuicio llega al millón y medio de dólares”, contó el hombre que ahora busca apoyo de las autoridades, como Esteban Flores, director del Consejo de la Judicatura. Uno de los prestamistas ya fue sentenciado a un año de cárcel, pero la víctima considera muy poca la pena impuesta.

Xavier Barzallo llegó a la reunión de Cuenca porque su padre, ya fallecido, pidió un préstamo de $ 8 mil. El hombre narró que, solo por intereses, ha cancelado más de $ 10 mil. Pese a ello los prestamistas le pusieron un juicio porque supuestamente su padre nunca había cancelado nada.

Durante un conversatorio con el director de la Judicatura, los afectados contaron sus experiencias. “Doctor, no es posible que los sentenciados anden libres por las calles de Cuenca. Uno le pide a la Policía que los detenga, pero dicen no saber nada del asunto”, indicó una de las perjudicadas por los ‘chulqueros’.

En la capital azuaya se reunieron más de  60 personas para denunciar los perjuicios que han sufrido. “En Gualaceo hay grandes redes de ‘chulqueros’ y allá se debe trabajar por parte de las autoridades”, reclamó una mujer.

Esteban Flores indicó que el problema ha sido trasladado a la Fiscalía y Policía, pero los perjudicados se quejan por falta de agilidad en los trámites. “En la Mesa de Justicia que se instalará esta semana vamos a pedir agilidad a Fiscalía, necesitamos saber en qué estado se hallan las investigaciones, cuánto se ha avanzado y el respaldo que da la Policía. Además, pediremos un informe para saber qué se ha hecho en el tema de la usura”, anunció Flores. “Se han presentado denuncias en el Consejo de la Judicatura en contra de jueces; es una presunción, pero vamos a realizar las averiguaciones necesarias”, añadió el director provincial del Consejo de la Judicatura.

También señaló que existen órdenes de detención que no han sido ejecutadas. “En la Mesa de Justicia vamos a pedir que se ponga dentro de la lista de los más buscados a todas las personas que han sido sentenciadas por el tema de la usura; lamentablemente cuentan con los recursos (prestamistas) para poder fugarse y escaparse”.

Solo en la provincia de Azuay se estima que son más de 200 personas las perjudicadas por los prestamistas. En la reunión con el director del Consejo de la Judicatura se habló también del cantón Girón, donde los usureros actúan sin control y hacen préstamos a las personas con intereses que llegan hasta el 25%. “No todos quieren denunciar, muchas personas aún tienen miedo porque son amenazadas, no solo ellas, sino también sus familiares”, manifestó el presidente de los perjudicados. (I)