El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) presentó una demanda penal en la Fiscalía del Azuay, por la demolición de la vivienda patrimonial ubicada en El Ejido, en las calles Lorenzo Piedra y Alfonso Moreno.

La vivienda destruida el fin de semana pasado fue edificada en las primeras décadas del siglo XX.María Arévalo, directora regional de la entidad, señaló que la acción se desarrolló por tratarse de un bien jurídico protegido por el Estado, que fue violentado y con lo que se ha producido un delito, descrito y tipificado en el Código Penal.

“La denuncia no la hemos presentado en contra de ninguna persona porque no conocemos bien los hechos, no sabemos quién fue el autor, cómplices o encubridores y, sobre todo, porque es un trabajo del fiscal”, manifestó.

Arévalo señaló que prestarán todas las facilidades para que la Fiscalía esclarezca el hecho.

Respecto al motivo que habría llevado al departamento de Control Municipal a entregar el permiso sin verificar el sitio, indicó “que la justificación no tiene asidero jurídico”.

La funcionaria dijo que en realidad sí existe un error en esa dependencia, pero que no incide en la emisión del acto administrativo, debido a que tanto Control Urbano como el instituto no trabajan con base en direcciones ni con los nombres de los propietarios, sino a través de una clave catastral.

“Como podría cambiar la dirección o el propietario. No hay ningún error en la clave”, añadió.

Según Arévalo, la descripción de este tipo penal y el establecimiento de las sanciones no se dirigen únicamente al propietario del inmueble, sino también contra quién emitió la orden o el permiso.

“Entonces la Fiscalía deberá establecer si se entregó o no el permiso”, manifestó.

Por su parte Lizardo Martínez, fiscal provincial del Azuay, señaló que analizarán documentos dentro de la etapa de indagación para determinar en contra de quien se inicia la instrucción fiscal.

Dijo que habrá que analizar y determinar si hubo o no autorización o fue un acto fuera de ley por parte del propietario del inmueble.

“Al final habría que ver en la etapa de indagación contra quién vamos a instruir”, dijo Martínez, fiscal de la provincia del Azuay.

Según el departamento de Áreas Históricas en Cuenca existen 3.451 viviendas consideradas patrimoniales y que deben ser cuidadas y valoradas.