La Defensoría presentará Acción de Incumplimiento
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Azuay, Jorge Valdivieso, anticipó que la institución presentará la Acción de Incumplimiento ante la Corte Constitucional, en virtud de que no se ha acatado la ordenanza provincial que garantiza el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
La disposición fue emitida el 31 de mayo de 2011 por el Consejo Provincial de Azuay.
El funcionario considera que con este incumplimiento se “han vulnerado los derechos de ese sector a acceder a programas y proyectos que den cumplimiento a sus garantías constitucionales”.
La acción, según el defensor, será presentada en Quito en los próximos días.
“La Constitución de la República señala que niños, niñas y adolescentes son un grupo social específico de atención prioritaria que merece, por parte del Estado, una atención preferente. Incluso, prevaleciendo sus derechos sobre los de las demás personas con base en el principio de su interés superior. El artículo 215 establece como una de las competencias de la Defensoría del Pueblo al presentar acciones jurisdiccionales ante la justicia en materia de derechos humanos”, dijo.
El 28 de noviembre de 2012, representantes del Consejo Consultivo de la Niñez y Adolescencia presentaron este caso ante la Delegación Provincial de Azuay de la Defensoría del Pueblo. Treinta días después, la entidad dirigió un reclamo previo al Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) que fue respondido el 26 de febrero de 2013, sin justificar el cumplimiento de la ordenanza.
Comprueban infracción
La Defensoría verificó el incumplimiento ya que esta normativa a beneficio de la niñez y adolescencia señala que se deberá destinar al “fondo de la niñez y adolescencia” para ejecución de la ordenanza el 3% de los ingresos no tributarios”.
Sin embargo, con base a la pro forma de ingresos del GAD azuayo se constató que la inversión para ejecutar la norma llega solo al 0,5% de los ingresos no tributarios.
Dada esta falta de ejecución presupuestaria, las metas políticas de la norma no han sido cumplidas desde su emisión en 2011.
Entre estas se encuentran la erradicación progresiva del trabajo infantil en la provincia, de la trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes y del consumo de licor y tabaco. “La Defensoría solicitó a la Corte Constitucional, a través de esta Acción de Incumplimiento, que se declare que el Consejo Provincial de Azuay y sus personeros han incumplido la ordenanza y que de esta manera han vulnerado los derechos a la seguridad jurídica y los derechos que niños, niñas y adolescentes”, dijo.
Del mismo modo, demandó que se disponga a esa institución azuaya el cumplimiento de la normativa, con respecto a la asignación del 3% de los ingresos no tributarios.
Asimismo, propone que se disponga la ejecución de estos recursos en políticas que garanticen el ejercicio de los derechos y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.
