El interés de algunos ciudadanos por arrendar cuartos, departamentos  y casas,    aumenta en Cuenca.

En la ciudad, como en el resto del país, hay la libre oferta y demanda en el precio, pues los dueños de los inmuebles fijan el valor de acuerdo al lugar que está situada la propiedad y las comodidades que  ofrece. 

Lo que no pueden es pedir dinero anticipado   o “depósitos”, por concepto de garantías ante un eventual daño en la casa, cuarto.
Mauricio Brito y su esposa alquilaron un departamento ubicado en la calle Vargas Machuca, entre Sucre y Presidente Córdova, centro de la ciudad.

Ellos ocupan el segundo piso de un edificio patrimonial por el que mensualmente pagan   190 dólares, que   tiene 70 metros cuadrados  distribuidos en tres habitaciones, una sala, comedor, baño social y una cocina. El pago de los servicios básicos también corre por su cuenta.

Dentro del contrato  de inquilinato que firmaron  con el dueño del lugar, existe una cláusula que  estipula  que ellos debían anticipar  una mensualidad  de garantía.
Esta,   contaron,  sería devuelta en caso de que no  tenga ningún daño  la estructura de la vivienda.

“Casi todas las personas a las que queríamos arrendar nos pedían garantías. Unas exigían cantidades más grandes y otras no tanto, pero de  diez consultados, solo dos señores no nos requirieron dinero adelantado”, dijo Brito.

Firman letras de cambio

Otros dueños de departamentos o viviendas, en cambio, hacen firmar letras de cambio a quienes  alquilan su propiedad.

Xavier Ávila, quien vive con su esposa, en un espacio de 88 metros cuadrados, en el  sector de Totoracocha, desde hace un mes, cuenta que   firmó una letra de anticipación de 1.000 dólares al dueño del lugar.
Aseveró que de haber algún daño en el inmueble ese dinero sería utilizado en su arreglo.
“Antes de arrendar el departamento consulté en unos seis lugares más. Los precios variaban en unos 30 dólares más. La mayoría exige garantía. Eso compromete a cuidar el lugar”, sostuvo.
En el Juzgado del Inquilinato son escasas las denuncias que existen ante la jueza María Augusta Novillo por  este tema.

La magistrada cree que hay  desconocimiento en quienes van a rentar una propiedad, respecto a sus derechos y lo que deben pagar legalmente.

Recalcó que no existe ninguna obligación de los arrendatarios en cancelar dinero previo, por garantía alguna.

Pablo Peñafiel, director del Departamento de Catastros, Avalúos y Estadísticas del Municipio, mencionó que la institución no tiene  competencia en la fijación de  los precios de arriendo de los inmuebles, pero sí para colaborar con el Juzgado de Inquilinato.