Potenciar las defensorías públicas para la atención de casos relacionados con violencia y llevar a la Asamblea las propuestas recogidas desde las organizaciones de mujeres son dos acuerdos logrados en el encuentro de socialización y debate del Código Integral Penal, desarrollado en Cuenca, por la Dirección del Consejo de la Judicatura del Azuay.

En el evento participaron 90 personas relacionadas con la defensa de mujeres en situación de violencia, organizaciones sociales de protección de niñez y adolescencia, jueces penales, de la Niñez y Adolescencia, unidades de la familia y abogados en libre ejercicio.

El objetivo del encuentro fue difundir y compartir el proyecto de ley de Código Penal Integral.En la primera parte se expuso la realidad de los casos de mujeres que son víctimas de violencia y cómo la propuesta debería solucionar las dificultades que existen para garantizar justicia para ellas.

“No estamos diciendo ‘no’ al nuevo código penal, sino que creemos necesario que es importante desarrollar un proceso de construcción conjunta, donde se evidencien los derechos de ellas, a la vida, a la integridad física y sicológica”, explicó Dalila Cárdenas, representante de la organización Cabildo por las Mujeres.

La asambleísta Rossana Alvarado, quien también participó de la jornada, explicó las principales transformaciones que busca el nuevo Código Penal, entre ellas el femicidio. Señaló que, más allá de los puntos que están por afinar en el proyecto, se busca que este nuevo instrumento permita brindar una atención integral a los usuarios y usuarias del sistema judicial.

Por su parte, la directora del Consejo de la Judicatura de Azuay, Andrea Arteaga, recalcó la importancia de realizar un nuevo encuentro que permita dar propuestas que puedan integrarse al Código Penal Integral y que estén en concordancia con la nueva Constitución. Se espera la asistencia de más organizaciones sociales para que expongan sus criterios.