Un grupo de productores bananeros de  El Oro se reunió  en Machala con la viceministra de Relaciones Laborales, Margarita De la Cueva, con la finalidad de encontrar una fórmula para regularizar el trabajo en las fincas.

Los campesinos  plantearon un esquema que se  acople a la realidad de la provincia.
Manifestaron que están dispuestos a cumplir con la ley, pero que al mismo tiempo se tome en consideración a los pequeños productores.  Creen  que debe haber un cambio en la norma, ya que no se puede perjudicar a este sector.

De la Cueva acudió al conversatorio en representación del ministro Francisco Vacas.
También estuvieron presentes  el vocal del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Eduardo Lasso; el prefecto de El Oro, Montgómery Sánchez; y el presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE), Eduardo Ledesma.

Durante su exposición aseguró que la cartera de Estado busca formalizar el tipo de relación laboral que tienen empleadores y trabajadores.

“Hemos tenido un acercamiento con los exportadores,  quienes han manifestado su deseo de legalizar a todos sus colaboradores”, dijo.

Sostuvo que todo trabajador bananero tiene que exigir un contrato por escrito a su empleador, ya sea si trabaja por días o por un tiempo.

“Los contratos por escrito tienen más peso. Eso es lo que estamos buscando con estos talleres, que los dueños de bananeras hagan firmar un documento a sus empleados, sin importar cuánto tiempo los tendrán trabajando”, destacó.

Agregó que los empleados contratados por uno o dos meses de prueba también tienen que rubricar un contrato escrito.

En el encuentro entre la autoridad y los dueños de haciendas  se analizó también el tema de los derechos que tienen los trabajadores extranjeros en el Ecuador.

El asunto  se trató debido al alto índice de ciudadanos peruanos en las bananeras orenses.
“La ley  es para todos, tanto extranjero o no extranjero, sin importar que sea indocumentado. Solo por el simple hecho de que esté trabajando ya goza de todos los beneficios de ley”, enfatizó.

Este pronunciamiento no agradó a los hacendados, quienes aseguraron que no todos pueden cumplir con los beneficios, pues argumentan que, en su mayoría, son pequeños productores con propiedades que van de 1 a 10 hectáreas.

Paúl Gonzales, presidente del Centro Agrícola de Machala, afirmó que actualmente no se está cumpliendo con el pago del precio oficial por caja, a pesar de la disposición ministerial de que el valor por caja es de $ 6,50.

“Pedimos una norma que sea acorde a las necesidades de esta provincia que en su mayoría son de pequeños productores”, insistió.

El dirigente exhortó a la funcionaria para que se haga un análisis de la realidad del sector con el fin de que se tomen las medidas más adecuadas, sin perjudicar a nadie.

Asimismo, un grupo de estibadores  aprovechó  para exigir el pago de los retroactivos por concepto de incrementos de tarifas no canceladas entre  2006 y 2009, por parte de cuatro Operadoras Portuarias de Carga (OPC).

El monto de la supuesta obligación de esas compañías sumaría un total de $ 1’200.000.