El Colegio de Periodistas de El Oro, reunido en  asamblea, se pronunció a favor de la  Ley de Comunicación aprobada por la Asamblea y por el presidente Rafael Correa.

El gremio considera al cuerpo legal como un  gigantesco avance para los periodistas orenses y del país.

“La Ley de Comunicación terminará con el trabajo precario de los periodistas en  Ecuador. Brinda un escudo para la defensa de sus derechos laborales y dará un giro positivo  en materia de democratización y la calidad de la  información de los medios de comunicación”, destaca un pronunciamiento del organismo.

Elaine Ramón, presidenta de la entidad, reveló que este manifiesto  fue puesto en conocimiento del presidente de la República, Rafael Correa; y del Legislativo.

El documento  expresa que en los últimos años se registra una saludable incursión de jóvenes profesionales de la comunicación en la provincia de El Oro, sin embargo,  su condición laboral  sigue siendo precaria. Añade que  hay despidos sin liquidaciones ajustadas a la ley y muchas veces no se aplica un régimen disciplinario, sino que se recurre directamente a la separación del comunicador.

“Esta realidad va a cambiar con el nuevo marco legal porque se establece el cumplimiento de deberes y derechos para los medios, periodistas y la ciudadanía”. 

Los directivos del gremio  consideran que, en materia de calidad y acceso a la información, el país experimentará un avance con el nuevo marco legal. “Ahora  la mayoría de los medios no refleja la diversidad cultural del país, hay voces e imágenes excluidas y predominan las opiniones de quienes tienen el poder”. Agregan que el tratamiento de la información también dará un giro radical, porque los medios se verán obligados a mejorar sus contenidos para atraer al lector con otro tipo de mensaje y esto contribuirá a elevar el nivel cultural de sus audiencias.

El mensaje expresa que la democratización de la comunicación por fin se reflejará en  las empresas de comunicación, pues la ley obliga a que el 33% de las frecuencias esté en poder de los medios privados, el 33% en los públicos y el 34% en los comunitarios. 

Los agremiados coinciden en que el reto ahora es desmontar esquemas obsoletos del tratamiento de la información y reemplazarlos por enfoques de vanguardia en los cuales el comunicador tenga claros cuáles son los estándares requeridos de calidad informativa,  el enfoque de derechos de los ciudadanos y la responsabilidad social.

“Esto es tarea de las facultades de comunicación, que tendrán que revolucionarse para ponerse a la altura de lo que los actuales tiempos les exigen”, indica el manifiesto.