Hay quienes quisieran reducir el tema de la descentralización exclusivamente al ámbito académico porque según sus cálculos, descentralizar no da votos, no sería funcional en términos políticos, más apropiado seria decir en términos politiqueros.

La atenuación de los desequilibrios espaciales, es decir el DESARROLLO REGIONAL - tiene un costo de oportunidad para la economía nacional basta observar lo que está pasando en China cuando sus esfuerzos contrarios a la concentración metropolitana han significado una disminución de la velocidad de crecimiento de esa economía, pese a la planificación de la dirigencia China ese sea precisamente la gran inversión del futuro de ese enorme país. Se ha venido hablando con frecuencia del escaso grado de funcionalidad política y económica de todo esfuerzo descentralizador, bajo el criterio de que en una economía de mercado podría existir una dicotomía entre eficiencia y equidad y por cuanto la descentralización necesariamente significaría la asignación o canalización compulsiva de recursos, mediante mecanismos de planificación, hacia las regiones más retrasadas, donde el rendimiento o rentabilidad de las inversiones se considera presumiblemente menor. La contrapartida de esta reflexión se encuentra en una somera observación de la tragedia humana de los suburbios de nuestras grandes metrópolis, que contrasta con la carencia de posibilidades perspectivas e inversiones en el interior del país, lo cual demuestra que la espontaneidad total de la economía sería incapaz de corregir las tendencias a la concentración, al desequilibrio y a la regresividad social de las inversiones y el desarrollo tecnológico, si no están acompañadas de una acción deliberada de la sociedad y el Estado para compatibilizar el crecimiento y modernización de la economía, con una mejor distribución de las oportunidades de capacitación y trabajo en la sociedad verticalmente considerada en el espacio nacional, con el objeto de incorporar a todas las personas y a todo el territorio al proceso de desarrollo. Al momento es fácil constatar el hecho de que mientras carece de mano de obra el sector rural y se deterioran las condiciones de producción agrícola, en las grandes metrópolis hay una fuente excedente de mano de obra subocupada.

Los modelos concentradores del desarrollo tienen, por lo regular, solo efectos de relumbrón a corto plazo , ya que se ven asediados y condicionados por el vacío económico que producen en su entorno (reducción del mercado interno) y la presión, insatisfacción social o violencia que generan. Por todas estas consideraciones es fundamental inscribir en forma prioritaria a la descentralización y desconcentración dentro de un proceso efectivo de modernización de la sociedad y el Estado, como objetivos nacionales, aun cuando esto contraríe y choque con las pretensiones efímeras y de corto plazo de determinadas élites políticas o económicas de las áreas metropolitanas, donde por otra parte al aglomerarse desarticuladamente la población, se generan mayores presiones políticas centralistas.

Es obvio que, descentralizar es navegar contra corriente para ello se requiere de una indoblegable voluntad política y grandes esfuerzos y sacrificios. Se trata de contrariar intereses económicos dominantes de grupos metropolitanos, que tienen todos los medios en sus manos para con mucha facilidad estigmatizar y aislar toda acción concreta conducente a la descentralización, por considerarla obviamente utópica, disfuncional o simplemente “ todavía no realizable”, aun cuando en los enunciados políticos continúe incluyéndose a la descentralización como un objetivo a largo plazo. Esta es la razón por la que en varios países donde los gobiernos inician procesos descentralizadores, fácilmente pierden interés en la aplicación de estrategias y objetivos por su inconveniencia cortoplacista, cuando se requiere mantener el apoyo social y político indispensable, dada la restricción de los recursos, para aplicar las políticas de estabilización económica.

Por otra parte, las burocracias centrales y las élites que las controlan, en la práctica demuestran muy poco interés en los programas dirigidos a objetivos regionales, máxime cuando hasta las mismas dirigencias regionales, absorbidas por la inercia centralista, politiquera y clientelar, no demuestran, muchas veces, ni motivación real, peor movilización o presión política en función de los objetivos de la descentralización. Hay que añadir el factor inestabilidad política, permanente electoralismo, que fomentan las élites centralistas y que obviamente vuelven renuentes a los gobiernos a empeñar sus esfuerzos en proyectos de carácter histórico y de gran envergadura, si ello podría de hecho originar resistencias o rechazo de elementos influyentes de opinión.

Hay grupos económicos que obtienen enormes réditos de la aglomeración y concentración poblacional en las metrópolis y de hecho se oponen sistemáticamente a todo esfuerzo desconcentrador. Ellos no participan en la misma proporción de las grandes desventajas de la concentración de la riqueza y la miseria, cuyo precio social es pagado por los elementos más débiles del conglomerado social y por el país en su conjunto que tiene que enfrentar el tremendo costo de la aglomeración urbana y el deterioro y carencia de perspectivas de las poblaciones del interior, cuyo único norte de supervivencia es la emigración.

El desarrollo, es decir: la plena incorporación de toda la población a un proceso productivo eficiente, abierto al intercambio y competencia internacionales, comprende por tanto las variables sociales y espaciales, y requiere de la descentralización del poder y la economía. Ello implica también la necesidad de que el Estado consolide un esquema jurídico institucional y administrativo de carácter descentralizado que signifique un claro robustecimiento de los gobiernos seccionales a nivel municipal y provincial y de la participación y orientación activa de estos. Se necesita una acción de planificación y promoción del desarrollo regional a través de entes regionales que, contando con los debidos recursos estén en condiciones de ejecutar políticas de fomento directo de la producción, desconcentración industrial, manejo integral de cuencas hidrográficas, protección ecológica y aprovechamiento racional de los recursos propios de cada región o unidad geoeconómica. (O)