De 2009 a agosto de 2012 han recibido sentencia condenatoria 897 personas implicadas en delitos contra la vida (a razón de 224 por año), de manera especial por asesinatos. Entre los condenados constan integrantes de redes delictivas e incluso policías implicados en abusos y muertes, según se desprende de estadísticas de la Fiscalía General.

Según fuentes del Ministerio Público, para realizar un mejor trabajo y evitar la impunidad, en los últimos años han recibido capacitación técnica y científica en materia de criminalística. Eso ha permitido profundizar las investigaciones y reunir las pruebas que, a su vez, les ha ayudado a los jueces a identificar a los culpables y sancionarlos.

En 2009 se contabilizaron 157 sentencias condenatorias, mientras que en 2010, 259; en 2011, 282; y de enero a agosto de 2012, 199. Los elementos de convicción han llevado, por ejemplo, a que los jueces de la Segunda Sala de Garantías Penales de Manabí ratifiquen la sentencia de 25 años de reclusión mayor contra nueve miembros de la banda delictiva “Los Choneros” (que opera especialmente en Manabí), impuesta -en primera instancia- por el Sexto Tribunal de Garantías Penales, el 3 de julio de 2012.

Para las personas que tuvieron a cargo ese caso, la decisión de los diferentes jueces se amparó en lo conseguido y presentado por el fiscal, los agentes policiales y los peritos. Gracias a ello, y amparados en la ley, se rechazaron los recursos de apelación y de nulidad presentados por la defensa de los implicados y se ratificó que sí estuvieron involucrados en el asesinato de Jairón Carreño Mendoza en mayo de 2011.

Así mismo, el 14 de septiembre pasado, el Sexto Tribunal Penal de Manabí declaró culpables a seis ex policías por su implicación en la desaparición y muerte de los jóvenes Luis Jaramillo y Danilo Bowen, en 2011, en Manta, cuyos cadáveres aparecieron en una cantera de material pétreo ubicada en Picoazá. Por ello fueron condenados a 25 años de reclusión mayor.

El punto de partida para lograr estas y otras sentencias condenatorias han sido las investigaciones que han iniciado los fiscales, teniendo en cuenta que los delitos contra la vida están tipificados en la Constitución y en la ley. El trabajo fiscal ha consistido en abrir instrucciones cuando se han hallado indicios de responsabilidad, así como en emitir dictámenes acusatorios, abstentivos o mixtos para que los jueces decidan llamar o no a juicio para procesar a implicados.

De ello dan cuenta las estadísticas. En 2009 se abrieron 459 instrucciones fiscales tras recibir 2.284 denuncias a escala nacional; en 2010 se reportaron 2.402 denuncias y tras las investigaciones se abrieron 512 instrucciones; el año pasado se entablaron 2.137 denuncias y, de ellas, se abrieron 444 instrucciones fiscales; y de enero a agosto de 2012 se han registrado 1.401 denuncias y, de ellas, se abrieron 291 instrucciones.

En cuanto a los dictámenes acusatorios presentados por los fiscales del país ante los jueces, en 2009 se registraron 233; 2010, 357; en 2011, 375; y de enero a agosto de este año 214 dictámenes fiscales acusatorios (ver infografía).

Según lo ha destacado ante la prensa Galo Chiriboga, fiscal general, “gracias a la actuación oportuna de la Fiscalía, los delitos contra la vida, así como otros que afectan la seguridad ciudadana y el buen vivir de los ecuatorianos, hoy tienen más probabilidades de ser sancionados. El sistema penal garantiza el derecho de los procesados, pero no puede estar sobre ni por debajo los derechos de las víctimas”.

Encontrar suficientes elementos de convicción aporta a que los jueces de Garantías Penales puedan sustentar sus sentencias condenatorias, evitando que los delitos contra la vida queden impunes. La Fiscalía Especializada en Personas y Garantías es la que conjuntamente con la Brigada de Delitos contra la Vida de la Policía Judicial investigan y, en caso de encontrar elementos de convicción, acusan ante los jueces de Garantías Penales a los implicados en asesinatos, homicidios, lesiones, abortos, parricidios, femicidios, infanticidios, instigación al delito, plagio; y contra las garantías y libertades constitucionales, como los delitos de odio, tratando así de viabilizar una efectiva tutela judicial de los nuevos tipos penales establecidos en la legislación ecuatoriana.

Además, la Fiscalía Especializada en Personas y Garantías recibe la cooperación del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional, puesto que ahí se emplean operaciones de inteligencia, métodos y técnicas universales en la investigación, para presentar las evidencias halladas en las diferentes escenas del delito ante el juez competente al momento de realizar la audiencia de juzgamiento