La Defensoría Pública reveló que el año pasado a 3.321 personas sentenciadas, les fue ratificada su inocencia debido a la intervención de los abogados de la institución a nivel nacional.

Ernesto Pazmiño, Defensor Público del Ecuador, resaltó que el país de ser uno de los que no contaba con esta figura, hoy es el único en reconocerla dentro de su Constitución.

El funcionario llegó a Machala en compañía de juristas de la institución procedentes varias provincias, para rendir cuentas a la ciudadanía. La capital orense fue escogida por ser una de las ciudades en las que más sentenciados, resultaron inocentes.

“Con la creación de la Defensoría, hoy los ecuatorianos tienen a quien recurrir para reclamar sus derechos”, enfatizó.

El objetivo de la entidad, sostuvo, es defender gratuitamente a los ciudadanos en condición económica, social y cultural de vulnerabilidad.

“En 2013, 3.321 personas sentenciadas fueron ratificadas en su estado de inocencia, merced a la intervención de los defensores públicos”, reveló.

Resaltó que se han incrementado los puntos de atención de 126 a 140, y las proyecciones hasta el 2015 son contar con una oficina de la Defensoría Pública en cada cantón del país. Para El Oro, la meta es tener 32 funcionarios. Al momento, son 19.

Con respecto a los datos estadísticos de la gestión, se informó que 190.505 ciudadanos fueron atendidos. De ellos 132.995 en defensas y 57.510 en asesorías. De las primeras 70.357 fueron en el área social, ya sean temas de alimentos, laboral, niñez y adolescencias; mientras que 62.638 al área penal.

La defensora pública de El Oro, Aimé Maza, dijo que los 19 defensores de la provincia atendieron a 14.255 ciudadanos, de los cuales 8.603 fueron en el área social y 5.652 en la penal.

La mayor demanda fue la de Niñez y Adolescencia con 5.743 atenciones, seguido de 5.652 en lo penal, 1.299 de violencia intrafamiliar, 1.245 en lo laboral, 228 para beneficiarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), 88 para el área civil y otras áreas.

“Es importante contar con una Ley Orgánica de Participación Ciudadana para que los ecuatorianos conozcan los mecanismos que se plantean desde cada entidad”, dijo el gobernador de El Oro, Pablo Granda.