Ayer, el ciudadano Gustavo Quito llegó hasta la Corte Provincial de Justicia de Azuay para presentar una acción de protección y solicitar al juez correspondiente que se suspenda la elevación en las tarifas de agua potable en Cuenca. “Porque son derechos establecidos en la Constitución y porque la ciudadanía no puede soportar más incrementos en los costos de los servicios básicos”, dijo el azuayo.

El abogado, que también defiende a los ahorristas de la desaparecida cooperativa Coopera, señaló que el alza es exagerada por parte de Etapa. La tarde del jueves los funcionarios de la proveedora del líquido presentaron las explicaciones sobre el ajuste tarifario ante el Concejo Cantonal.

“Es la única decisión que se pudo tomar por el bien de la empresa y por mantener el servicio a los cuencanos”, dijo el gerente de esta institución, Iván Palacios.

Señaló  también que no existen flujos de dineros en la empresa y eso incluso ha dado lugar a que se suspendan varios pagos para el mantenimiento y la operación de la entidad.  

“Estamos retrasados en cancelar a proveedores por varios meses y nos hemos visto en la necesidad de no aprobar varias partidas presupuestarias por un monto de $105 millones”, indicó.   

Añadió que la empresa no puede cumplir con los convenios suscritos con los sectores rurales.

Para Palacios es preocupante la renuncia de 9 técnicos y el permiso por comisión de servicios hecho por otros colaboradores “con el afán de mejorar sus ingresos, debido a inminentes cambios en la escala salarial”. “Estas medidas permitirán a la empresa de los cuencanos optimizar los procesos, construir nuevas infraestructuras y programar acciones con mira a los 30 años en el futuro”, dijo Palacios al cuerpo de ediles.    

El asesor económico de Etapa,  Esteban Coello, indicó que la pro forma de 2015 contempló $146 millones de ingresos y $174 millones de egresos, lo que significa que hay una diferencia de $ 28 millones que deben ser cubiertos. (I)