La creación de la Agencia de Regulación y Control Social (Arconel), la eliminación de la factura de consumo, el Impuesto a los Bomberos, la sustentabilidad y sostenibilidad de las empresas eléctricas y los subsidios fueron las observaciones más repetidas durante el conversatorio realizado en Cuenca sobre el proyecto de Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica.

Miembros de la ‘casaca roja’ que conforman la III Zona, delegados del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay, docentes de las Facultades de Ingeniería y otros analizaron junto a la asambleísta Liliana Guzmán el cuerpo que consta de 89 artículos.

El acápite 60 es el que preocupa a las socorristas. En este se establece que en la factura correspondiente al consumo de servicio público de energía a los usuarios finales, se incluirá, única y exclusivamente, los rubros correspondientes a los servicios de energía eléctrica, cuyo detalle constará en la regulación que para el efecto emita el Arconel.

Oswaldo Ramírez, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, señaló que de darse paso a este artículo se estaría acabando con las instituciones bomberiles del país.

“Si se nos quita este rubro nos veríamos obligados a guardar los vehículos y despedir a la gente, porque no hay otra manera de seguir”, explicó.

Señaló que entre el 75% a 80% del presupuesto de la institución se financia con ese rubro.

“De aprobarse esto, tendríamos que cerrar las puertas”, acotó.

El presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay, Juan Vásquez, explicó que la Agencia debería ser un organismo independiente del Ministerio de Electricidad, para que de esta manera cumpla con la regulación y control del sector.

Recomendó que la institución pase a ser una Superintendencia. Esta posición fue respaldada por los otros participantes.

David Mera, representante de la Empresa Eléctrica Centro Sur, al igual que Juan Espinoza, delegado de un colectivo de profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Cuenca, manifestaron que dentro de la propuesta no se encuentra una disposición sobre la sustentabilidad y sostenibilidad financiera y económica del sector eléctrico.

“Se sigue teniendo deudas con las distribuidoras, las distribuidoras siguen adeudando a las generadoras y es un círculo vicioso que no se termina de resolver”, explicó el dirigente de los profesionales.

También fue analizado el tema de los subsidios. Para algunos esta compensación no debería constar en el proyecto, pues forma parte de cada programa de Gobierno.

“Cada régimen dice que va a subsidiar, pero no el Estado y si viene otro Gobierno y quiere quitar esto, no lo podrán hacer porque está en la ley”, señaló Iván Ortega, miembro del Colegio de Ingenieros y docente.

A estas observaciones, se sumaron otras como la fijación de una tarifa única en el país y la falta de representación de la sociedad civil en los proyectos eléctricos que se ejecutan en el Ecuador.

Los participantes también hicieron recomendaciones de forma, como el análisis de nombres diacrónicos y otros términos. Cada uno de los representantes de los diversos sectores señaló que en los próximos días hará llegar las recomendaciones detalladas a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que tramita el proyecto para que sean incluidas dentro de los análisis.