Para entender el problema limítrofe que actualmente mantiene la provincia de Azuay con la vecina provincia de Guayas, por el sector llamado Abdón Calderón, hay que regresar varías décadas en el pasado. Los problemas limítrofes entre estas provincias empiezan desde la cantonización del cantón Balao, en 1987, debido al territorio que se le asignaba, el cual, según la provincia de Azuay, afectaba a su integridad territorial.

La respuesta de la provincia de Azuay, en 1990, fue empezar a impulsar la cantonización de Camilo Ponce Enríquez. Las pretensiones azuayas con dicha propuesta fueron rechazadas por Guayas porque se veía como un intento de despojo de territorio del cantón Balao.

Más de una década tuvo que pasar, no sin controversias por los problemas de límites, hasta que la parroquia Camilo Ponce Enríquez fue finalmente convertida en 2002 en un cantón azuayo.
Asimismo, con la ley que oficializó la cantonización de Ponce Enríquez también se intentó poner fin a los conflictos limítrofes entre Guayas y Azuay, sin embargo, estos estuvieron lejos de acabar.

La ley que aprobaba la cantonización de la ‘Ponce’ fue inmediatamente rechazada por Azuay debido a que asignaba territorios a Guayas que esa provincia consideraba, por filiación cultural e histórica, azuayos. Las comunidades en mención eran: Abdón Calderón, Tres de Noviembre, Camacho, entre otras. Estas se rehusaron a pertenecer al cantón que se estaba creando, por lo que la ley en cuestión las anexó a Guayas.

Por ley, estas comunas fueron asignadas al cantón Balao, Guayas, pero el reclamo azuayo pasó a sustentarse en el sentimiento de pertenencia de los habitantes de Abdón Calderón, y otras comunas que, según Azuay, eran parte de la parroquia Molleturo, del cantón Cuenca.

Esta controversia siguió subiendo de tono y alcanzó  gran magnitud desde 2012 cuando el Concejo Cantonal de Cuenca sesionó en Abdón Calderón, hecho que fue rechazado por las autoridades de Guayas y por la Municipalidad de Camilo Ponce Enríquez.

Desde Guayas se anunció que esa acción era una clara infracción a su territorialidad. Cuando el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco, propuso una consulta popular o arbitraje presidencial para solucionar el conflicto, la Prefectura de Guayas esgrimió que los reclamos territoriales de Azuay no podían ser escuchados solo por un sentimiento de pertenencia de los pobladores.

En este punto podría ser comprensible la posición de Guayas, ¿qué pasaría con los límites actuales si todas las provincias comienzan a reclamar territorios por sentimiento de pertenencia? Por otro lado, también es entendible la posición de Azuay, ¿por qué habrían de desconocer la voz de los pobladores que han pintado sus casas con mensajes a favor de pertenecer a dicha provincia?

Sea como fuere, los reclamos por las acciones del Concejo Cantonal de Cuenca no solo vinieron por parte de Guayas, sino también de la Municipalidad de Camilo Ponce Enríquez. Dicha municipalidad anunció que no apoyaba la pretensión azuaya al tratar de desconocer la ley que lo cantonizó porque eso significaría que la ‘Ponce’ no existía siquiera como cantón y que seguía siendo una parroquia de otro cantón azuayo, Pucará.

Asimismo, Guayas, por su parte, anunció que si se desconoce la ley de cantonización de Ponce Enríquez, eso significaría que no hay límites fijos entre Azuay y dicha provincia, por lo que se apoyaría una teoría, de 1986, de que el límite entre las provincias sea la cota de 1.600 msnm.

Esto último también despertó las alarmas de Ponce Enríquez, porque la gran mayoría del cantón pasaría a la otra provincia. Aun así, este anuncio fue tomado con más calma por la provincia de Azuay, que dejó su postura de querer desconocer la ley de cantonización de Camilo Ponce y pasó a apoyar únicamente una consulta popular o arbitraje. Algo que también rechazó Guayas al no aceptar que siquiera existía un conflicto limítrofe pendiente entre ambas provincias.

Posiciones cerradas

Los problemas de Ponce Enríquez están lejos de acabar en lo que se refiere a su integridad territorial. Su única parroquia rural: El Carmen del Pijilí, que representa la mitad de su territorio, rechaza la ley de cantonización que les anexó a Ponce Enríquez porque ellos tienen un sentimiento de pertenencia al cantón Santa Isabel, situación por la cual la Municipalidad de dicho cantón incluye en sus mapas oficiales al Carmen del Pijilí como una parroquia rural suya.

El siguiente año, 2013, no hubo un descenso en el tono que había alcanzado el problema debido a la posición cerrada de ambas partes. Aún peor, llegó a un punto álgido cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la instalación de un recinto electoral  azuayo –para las elecciones presidenciales de dicho año– en Abdón Calderón. Aquello no fue aceptado por la provincia de Guayas, aunque reconociera que el problema se había convertido en un tema muy sensible de abordar.

En este tiempo Azuay nuevamente propuso a su vecina provincia una consulta popular por Abdón Calderón. Guayas rechazó el pedido debido a que un triunfo a favor de Azuay sería probable, ya que el 60% de la población de Abdón Calderón se autoidentifica como azuaya.
Desde ese entonces la única solución que la Prefectura guayasense ha estado dispuesta a reconocer es un arbitraje.