Pequeños comerciantes, productores  y, sobre todo, personas que migran al exterior son las principales víctimas de los usureros en las provincias de Azuay y Cañar.

Según Iván Granda, director provincial del  Consejo Nacional de la Judicatura en el Azuay, los “chulqueros”   se aprovechan  de las necesidades de algunas personas que quieren viajar  de manera ilegal a otros países,  especialmente a los Estados Unidos.

“Les fijan  altísimos  intereses que después son impagables”, dijo.

Este hecho  es corroborado por el juez Segundo de lo Civil de Cañar  Luis Ortega Sacoto, quien explicó que al ser esta provincia la que más altos índices de migración registra, siempre se presentan denuncias por este delito.

“Si un pobre quiere migrar, recurre al “chulquero”,  que le facilita las cosas. Como él  pone la plata, establece las condiciones del juego y los interesados, que pretenden cumplir el sueño americano, no miden las consecuencias. Hipotecan y dan de garantía el único patrimonio que poseen: sus casas”, añadió.

Ortega indicó que  la usura es común  en diversos sectores de la provincia,  tanto industriales, comerciales, mercados y otros negocios. Sin embargo, afirmó que no se han presentado demandas de los perjudicados, es decir, está “solapada”. “La usura tiene que ser demostrada y accionada para que el juez pueda aplicar la ley.  He ahí el problema, que  las denuncias llegan cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya han perdido todo, cuando ya están desfinanciados o insolventes”, puntualizó.

Según César  Ugalde, juez de lo Civil en Cuenca, es un tema difícil el del “chulco”, ya que únicamente ha sido tratado desde el campo penal.

Expresó que  son  pocos los casos que los jueces penales han sancionado en la ciudad por este delito, debido a  que resulta  muy difícil comprobarlo.

Los jueces plantearon como  solución a la usura que las entidades bancarias sean más flexibles al momento de otorgar préstamos a la ciudadanía.

Además, que exista una política de difusión, indicando que esa no es una  vía legal para acceder a recursos económicos.

En la ciudad, según Granda, no hay datos estadísticos sobre  este delito, empero, señaló  que alrededor de $ 1.000 millones se mueven en función de la usura a nivel nacional y que  tan solo  en Quito existen 3.000 perjudicados.

Plan de las autoridades

El Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Fiscalía Distrital y General del Estado, conjuntamente con la Policía Nacional, han emprendido una lucha  contra  la usura, con el fin de  evitar la impunidad.

“Paso a paso iremos generando acciones para que erradiquemos esta práctica”, expresó Granda.
El ministro del Interior, José Serrano,  a  través de videoconferencia, dio a conocer el lanzamiento del plan  para combatir  la usura.

Anunció un plan para pagar recompensas a quienes denuncien a los “chulqueros” a través de la línea  1800 DELITO.

Así mismo, se anunció la creación de una Unidad Especial de la Policía contra la Usura,  con el fin de detectar y desarticular las bandas dedicadas a estos actos ilícitos.