Varios campamentos mineros que se encuentran en zonas de riesgo en el distrito de Camilo Ponce Enríquez, tendrán un mes de plazo para ser reubicados.

Así lo anunció el viceministro de Minas, Federico Auquillas, en el marco de la rendición de cuentas realizada en la cooperativa  Bella Rica. Los concesionarios deben trasladar a una  distancia prudencial los sitios donde duerme el personal.

“Deben estar fuera de los lugares donde posiblemente ocurra un alud”, sostuvo.
Añadió que tras un estudio se  determinaron las zonas donde están en riesgo y en qué sitios  no  puede construirse nada.

Durante el lapso dado por la autoridad deben cumplirse con varias recomendaciones para  prevenir los desastres y los accidentes.

Los sitios donde se realizarán los cambios y el mejoramiento de las medidas de seguridad son: Muyuyacu, La Independencia y la zona de Bella Rica, que están dentro del distrito minero  perteneciente al cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia del Azuay.

El Ministerio de Recursos Naturales No Renovables tomó la decisión de reubicarlos luego de la tragedia ocurrida el  24 de enero, cuando  murieron 11 personas, de ellas 9  trabajadores mineros.

“Los lugares donde están ahora algunos campamentos no son los adecuados para que vivan las personas”, dijo el funcionario.

Aseguró que si en un mes no existe la garantía de la seguridad para los trabajadores mineros, se suspenderán las mineras.

La cooperativa Bella Rica, la más grande en la zona, cuenta con más de 4 mil personas dedicadas a esta actividad.  De ellas, el 15% es  de nacionalidad peruana.

En tanto, la tarde del martes fue levantada la suspensión de las actividades en la mina Pueblo Nuevo, adscrita a la cooperativa  Bella Rica.

Precisamente en esta zona  se produjo el deslizamiento que arrasó con todo el campamento.

Unas 30 personas salieron ilesas al ser advertidas por uno de los guardias que murió al tratar de salvar a dos niños y su madre. 

Auquillas opina que este accidente permitió encontrar fallas en el sistema de seguridad porque se construyó bajo un sector  donde se producen  continuos derrumbes.

“Los botaderos de rocas deben ser reubicados porque son inestables y  proclives a ceder”, añadió. 

Los administradores de Pueblo Nuevo tienen un plazo de seis meses para realizar obras que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Denuncia de llamadas falsas

Auquillas se refirió también a varias llamadas falsas de sujetos no identificados que se hacían pasar como el ministro de Recursos Naturales No Renovables.

“Había denuncias sobre unas supuestas llamadas de parte del titular de la cartera, Wilson Pátstor, para solicitar dinero. He pedido que presenten las denuncias, caso contrario seguiremos  acciones legales”, advirtió. 

William Ordóñez,  artesano de la zona, dijo  que había recibido una llamada de un sujeto que se hacía pasar como el secretario de Estado.

“Durante la última campaña electoral  recibí la timbrada de una persona que me pedía  dinero”, señaló el denunciante.

El viceministro señaló que hace pocos días se detuvo a tres personas por este caso y  que siguen investigando para ubicar al sujeto que hacía las llamadas.

Por otro lado, un centenar de artesanos de  Ponce Enríquez solicitaron la legalización de las actividades en esta zona.

“Queremos que haya una respuesta del Ministerio porque  ofrecieron legalizarnos,  pero estamos esperando esos trámites”, dijo uno de los voceros.