Los ciudadanos Diego De la Rosa y Boris Carrión pidieron una aclaración y la ampliación de la sentencia del Juez Segundo de Trabajo de El Oro, quien declaró sin lugar la acción de protección que ambos presentaron por la publicación de fotos violentas en los diarios Correo, Opinión y El Nacional, de Machala.

En un escrito de 27 páginas, los accionantes piden el pronunciamiento del magistrado en un plazo que no supere las 48 horas.

De la Rosa y Carrión consideran que existen “partes oscuras” en el fallo del juez Borys Ceferino, pues argumentan que varios artículos constitucionales y normas no han sido observados por el juez en su sentencia.

“La solicitud de prueba, con el fin de replicar la excepción de la parte accionada, sobre la inexistencia del daño, consiste en la conformación de una comisión integrada por directores de Escuela de Sociología, Derecho, Psicología Clínica, y Psicología educativa o equivalentes, de la Universidad Técnica de Machala, a fin de que en el término que el señor juez lo disponga presenten una opinión técnica-científica sobre la exposición continua, pública, sin censura ni límite de edad, de imágenes que como apoyo visual de la crónica escrita potencialmente vulnerarían los derechos contenidos en los Artículos 66, numeral 3 literales a y b, en el mismo artículo numeral 15 y 25, según su letrado criterio, constituiría inventar procedimientos que no están contemplados en la ley ni en la Constitución”, señala la misiva enviada por los accionantes.

Los ciudadanos que interpusieron el recurso de protección creen que se han considerado vías procesales erradas para la resolución de la controversia.

“Vuestra autoridad menciona que la Superintendencia de Compañías y la Superintendencia de Telecomunicaciones realizan la regulación y control de los medios de comunicación escrita. Entonces, lo que vuestra autoridad afirma es que la tutela de derechos constitucionales corresponde a los órganos administrativos referidos, y no a vuestra autoridad”, señalan.

De la Rosa y Carrión cuestionan los argumentos legales por los que se calificó de improcedente al recurso planteado.

¿Cuál es el análisis realizado para determinar la ausencia de vulneración al derecho de integridad psíquica y moral? ¿Cuál es el análisis para determinar la ausencia de vulneración al derecho a recibir bienes y servicio con responsabilidad social”, preguntaron al juez.

Ambos ciudadanos presentaron el recurso de protección por considerar que las gráficas que publican Correo, Opinión y El Nacional provocan un daño psicológico y moral.

Estos rotativos en sus secciones de crónica roja presentan fotos de personas que fallecieron incineradas, con lesiones que dejan expuestos órganos o tejidos, víctimas de accidentes de tránsito o que murieron violentamente.