Nació y creció en Quito. Fue la capital el lugar que sus padres, indígenas kichwas otavalos, escogieron para vivir. En esta urbe, la familia Lema aprendió a sobrellevar los marcados prejuicios raciales que se expresaban de diferentes formas y que, hasta hoy, no han desaparecido. Los padres de María Mercedes Lema dejaron su natal Peguche y se radicaron en Quito en los años 70, como muchos otros migrantes indígenas, tuvieron allí a sus hijos.

Como muchos otros niños, María Mercedes, en compañía de sus hermanos, asistió a una escuela pública en la capital. El nombre del plantel es República de Panamá.

Su padre, Manuel Lema, escogió esta institución por ser mixta y porque no exigía uniforme.

Manuel, su padre, siempre quiso que sus hijos estudiaran y tuvieran una profesión. “Por su condición de analfabeto, mi padre vivió muchas dificultades en su vida”. Manuel no solo los motivó a estudiar, sino que fomentó en ellos el vínculo con la comunidad indígena de Peguche, en la provincia de Imbabura.

Aunque no vivían allí, visitaban esta comunidad. Mantener intacta y viva su identidad era lo que Manuel Lema ansiaba y lo consiguió.

María Mercedes nunca contrarió los deseos de su padre. Cuando finalizó sus estudios secundarios, se interesó por la Medicina, una carrera que le permitiría ayudar a los demás y a su propia familia.

Aunque estaba decidida a seguir esta carrera, su padre la desanimó de optar por esta profesión, no solo por ser sacrificada, sino porque su familia no contaba con los recursos económicos suficientes para que solo se dedicara a estudiar.

“Mi padre me decía que al seguir Medicina no podía trabajar, porque los estudios en esta área demandaban mucho tiempo”.

Estos consejos no cayeron en saco roto. Analizó otras opciones como estudiar parvularia, pero finalmente se sintió atraída por Derecho, una carrera que también siguió su hermana mayor.

Como su intención era servir a los demás, esta carrera cumplía estas características, así que no se sintió frustrada por desechar otras opciones. Tras finalizar sus estudios en la Universidad Central, siguió un posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en Derechos Colectivos y obtuvo una maestría en Derecho Constitucional.

Siempre se sintió atraída por el ejercicio de la administración de justicia vinculada con el ámbito de los derechos humanos.

Su tesis para graduarse de doctora en Jurisprudencia de la Universidad Central fue precisamente sobre la Administración de Justicia y Pueblos indígenas.

La defendió en 2005; en ese entonces, la discusión sobre este tema no había cobrado tanta fuerza como ahora. Recuerda que a partir de la reforma de la Constitución de 1998, se incluyó la potestad jurisdiccional de los pueblos indígenas y se reconocieron sus derechos.

Una vez finalizados los estudios de posgrado, María Lema trabajó en varias consultorías relacionadas con este tema. Su atención no solo estaba orientada a los derechos humanos, sino también al cuidado de sus 2 pequeñas hijas que hoy ya son adolescentes.

Durante mucho tiempo, organizó su tiempo para no descuidar su familia y su carrera. Fue así que, después de un tiempo, decidió que era importante buscar espacios en el ámbito público. Ingresó al Consejo de la Judicatura, y más tarde a la Corte Constitucional.

Durante el tiempo que trabajó en esta última institución adquirió más conocimientos y experiencia.

Todo lo que aprendió le permitió ganar el concurso para convertirse en jueza de primera instancia de Familia. Al ocupar este cargo, llevó a cabo audiencias orales en kichwa, un aporte fundamental, porque al hablar en el mismo idioma que los usuarios de nacionalidad kichwa, ellos sentían que el sistema de justicia era más amigable y quizá más acogedor. El interactuar con las familias indígenas en kichwa fue una de las satisfacciones más grandes para Lema durante su trayectoria judicial. Aunque era una posibilidad única, muchos de ellos no parecían sentirse cómodos al hablar en kichwa, porque sentían que al hacerlo podían discriminarlos.

“Esto fue muy penoso para mí y llegué a constatar que el racismo no ha desaparecido en nuestro país y que tiene formas de expresión muy sutiles”. Mientras ocupó el cargo de jueza de Familia, pudo aplicar el principio de la armonía y de conciliación, porque, como asegura Lema, estos principios son fundamentales dentro del proceso judicial.

“Para conciliar necesariamente hay que bajar los ánimos de las partes involucradas y analizar el contexto”. El aporte de María Lema también fue decisivo cuando se trataba de dialogar con personas con algún tipo de discapacidad.

Indica que cuando estas personas rendían sus versiones, el diálogo no parecía muy fructífero, porque su punto de vista pasaba por muchos filtros. Por eso, se concibió el modo de dialogar con ellos de una manera más directa y sin tantos interlocutores. Fue de esta manera que se consiguió que, a través de un solo intérprete se tradujera al castellano el sistema de señas, por ejemplo.

La experiencia fue tan positiva que los casos llegaban a buen término, sin olvidar el componente de la conciliación. Lema está convencida de que la sensibilidad que un juez pueda desarrollar en relación con las diferencias es de suma utilidad en la administración pública, porque permite interactuar a partir de las particularidades de cada persona y de cada cultura.

“Esta profesión me llena mucho, porque siempre tuve una particular inclinación por el tema de los derechos humanos”.

Lema no es partidaria de fomentar la cultura del litigio y por eso impulsa el diálogo. Hoy se promueve a la mediación, porque las partes, desde el principio, se involucran, de manera activa, en esta y colaboran de buena fe.

A través de la mediación, los acuerdos a los que llegan las partes son más duraderos y son más respetados que las sentencias que dictamina un juez que puede que no se ajuste a las circunstancias de ambas partes. Además, estos acuerdos están elaborados respetando a ambas partes. Por lo tanto, favorece que la relación sea lo más cordial posible, evitando el deterioro y sufrimiento emocional y psicológico.

“Buscar la armonía y fomentar la mediación es una característica que tiene la cultura kichwa. Desde la paridad se puede aportar a la justicia ordinaria. Es necesario contextualizar el problema”.

Al decirlo, cita como ejemplo un juicio por alimentos. “Si una persona debe la pensión de alimentos, hay que conocer cuáles son sus razones, la problemática detrás de ese caso y cómo se podría arreglarlo. Buscar una solución para ambas partes, desde la conciliación, es un patrimonio de la justicia indígena.

Justicia indígena versus ordinaria

Cuando cumplía sus funciones como jueza de Familia, muchos usuarios la sorprendían con sus comentarios: “Y usted, ¿por qué está aquí? ¿Ustedes tienen su propia justicia? ¿Por qué no trabaja en su tierra? ¿Por qué no defiende a los miembros de su comunidad? En otras palabras, la invitaban a defender a los ‘suyos’. No entendían como una mujer indígena podía conocer sobre justicia ordinaria y estar involucrada en casos de mestizos.

Ante tantas interrogantes, ella solo tenía una respuesta: “soy ciudadana ecuatoriana y como tal puedo ejercer la administración de justicia estatal”.

Más allá de la discusión sobre la validez de la justicia ordinaria e indígena, considera que son sistemas diferentes, con objetivos distintos.

Así, por ejemplo, la justicia ordinaria está regida por criterios como la división de materias, lo que no sucede en la justicia indígena.

Asegura que cada sistema de justicia debe ser valorado en su contexto, en su real dimensión y no desde criterios superficiales.

Al mismo tiempo, señala que no es adecuado decir: “estos casos los debe tratar la justicia ordinaria y estos la indígena”. Asimismo, dice “hay que buscar espacios de armonización y tener una perspectiva de horizontalidad”.

Las diferencias entre ambas formas de ejercer la justicia —puntualiza— son de fondo y no de forma y afirma que los sistemas jurídicos son creaciones culturales y como tales son diferentes.

“La justicia indígena debería ser conocida con mayor profundidad, antes de discutir sobre ella o antes de cuestionarla. Todo lo que se conoce de ella es todavía muy superficial. Todavía se relaciona a la justicia indígena con la justicia por mano propia, cuando es algo totalmente diferente”.

Aunque contribuyó con la resolución de muchos casos relacionados con temas de Familia, ahora dirige sus esfuerzos al ámbito laboral.

Desde septiembre de este año, después de ganar un concurso, se desempeña como jueza de segunda instancia en la Sala Laboral de la Corte Provincial de Quito.

“La presencia de una mujer que además es indígena y joven ayuda a romper las ideas preconcebidas. Ahora hay mujeres en espacios públicos”.

María Mercedes apenas tiene tiempo para dedicarse a otras actividades que no sean las relacionadas con su labor. Cuando está libre, procura escribir poemas, un gusto que comparte con su hermana Lucila Lema, recocida por sus cuentos y poemas escritos en kichwa.

Los fines de semana, cuando hay tiempo para compartir en familia, también suele poner a prueba sus conocimientos culinarios y prepara platos nutritivos para los suyos. (I)