Acompañado por una delegación de pobladores de Las Golondrinas, el viceprefecto de Esmeraldas, Linder Altafuya, presentó la impugnación a los resultados de la consulta popular. En el referendo la zona decidió unirse a la provincia de Imbabura.

La documentación y anexos fueron entregados a Lorena Neira, delegada del CNE de Esmeraldas, para el trámite respectivo.

Los grupos que apoyaron a la provincia aún no reconocen la derrota. La única que lo ha hecho es la gobernadora Paola Cabezas, mediante un comunicado en su cuenta de Facebook.

Desde la noche del domingo 3 de abril, que fue la consulta popular de pertenencia, se producen marchas en Las Golondrinas.

El martes en la noche, por ejemplo, se efectuó una caminata hasta el puente sobre el río Guayllabamba. Previamente los protestantes se concentraron en la plaza principal. Allí anunciaron su intención de recoger al menos 2.000 firmas para impugnar los resultados del referendo. El padrón electoral tenía poco más de 3.000 votantes.

Para los ciudadanos que querían unirse a Esmeraldas, los resultados perjudican a Las Golondrinas. Según ellos, ya no hay servicio de recolección de basura por lo que los desperdicios se acumulan.

Los ciudadanos aseguraron que mantendrán las protestas, incluso amenazaron con cerrar el paso por el puente Guayllabamba, que es el único acceso a la zona de Las Golondrinas.

En la consulta del domingo pasado sufragó el 95,7% (3.115) de electores de los 3.288 empadronados en el censo electoral. El 56,9% de los habitantes votó por Imbabura, frente al 40,7% que hizo lo propio por Esmeraldas. El 1,8% anuló su voto y el 0,27% lo dejó en blanco.

El proceso contó con vigilancia. En cada mesa hubo un observador por Esmeraldas y otro por Imbabura. Además estuvieron dos representantes de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Luz Stella Jara y Rubén Saavedra.

Doris Gallardo asistió por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Xavier Torres acudió como presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis). Todos ellos ratificaron la transparencia y legalidad del proceso. (I)