Desde fines de los años setenta e inicio de los ochenta del siglo pasado, América Latina registra un proceso de concentración de altas tasas de homicidios en algunas de sus fronteras. Sin embargo, es a partir del siglo XXI, con la construcción de nuevas amenazas globales —la migración, el narcotráfico, el narcoterrorismo— y con el diseño de políticas transnacionales para contener y prevenir el posible “contagio” que estas supondrían, que los procesos de violencia en algunas fronteras se han exacerbado.

A través del proyecto Explorando la Economía Política de la Violencia en los Sistemas Fronterizos de América Latina, que se realiza en 8 países latinoamericanos y que es coordinado por el Departamento de Estudios Políticos de Flacso-Ecuador, se han realizado varias aproximaciones conceptuales y se han abierto múltiples espacios de diálogo con el objetivo de reflexionar de forma crítica sobre este complejo fenómeno.

Al analizar las tasas de homicidios del año 2014 de 49 fronteras pertenecientes a 12 Estados de América Latina, los resultados parciales arrojados por esta investigación muestran que el 36% de las fronteras supera los índices de violencia registrados tanto a nivel nacional como en las principales ciudades de cada país.

En un contexto continental se evidencia que el 45% de las fronteras sobrepasa la tasa promedio de homicidios de América del Sur y el Caribe, ubicada entre 16 y 23 homicidios por cada 100 mil habitantes. De igual forma, el 79% de las fronteras analizadas excede la tasa promedio global de homicidios, ubicada en 6,2 homicidios.

La investigación muestra que, lejos de reducirse a un acto aislado, la violencia en las fronteras de América Latina obedece a procesos estructurales y tiende a desplazarse de unas fronteras a otras. En el año 2000, por ejemplo, la violencia se concentraba en la región andina, sobre todo en las fronteras de Colombia, en la frontera norte de Ecuador y, en menor medida, en algunas fronteras de Bolivia.

Este proceso se modificó a partir del año 2008, ya que la violencia se desplazó desde el sur hacia el norte de América Latina, específicamente hacia la frontera entre México y Estados Unidos, al registrarse un significativo incremento de homicidios y de la incidencia delictiva en Juárez, Tijuana, Nuevo Laredo, Nogales, entre otros municipios fronterizos mexicanos. Sin embargo, en 2014, último año que analiza la investigación, este panorama se modificó, ya que la violencia comenzó a descender desde México hacia las fronteras del denominado Triángulo Norte Centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador.

Hay varias razones que explican este desplazamiento. Curiosamente, una de ellas muestra que la violencia en las fronteras ha seguido el mismo camino de las “geopolíticas de guerra” y de las medidas “profilácticas” adoptadas por algunos gobiernos de América Latina para controlar el narcotráfico, la migración y el crimen organizado: el Plan Colombia en el año 2000 y el Plan Mérida para México y Centroamérica desde 2008. De forma paradójica, estos planes de seguridad han provocado más violencia de la que han conseguido ahorrar.

Las fronteras con menores niveles de violencia están al sur del continente, en los límites de Chile y Uruguay, ya que en distintas coyunturas sus tasas de homicidios no han superado los 6 asesinatos por cada 100 mil habitantes.

Las fronteras ecuatorianas

Tras suscribir el Acuerdo de Paz en 1998 y cerrar la disputa limítrofe con Perú, se marcó una lógica diferencial en las fronteras ecuatorianas, ya que el foco conflictivo se desplazó desde el sureste hacia el norte, es decir, desde la frontera con Perú hacia la frontera colombo-ecuatoriana.

Desde el 2000 al 2014, en esta heterogénea región fronteriza constituida en torno a los 586 km de longitud limítrofe se configuró un escenario de violencia debido a la internacionalización del conflicto colombiano, a la consolidación de una cadena de valor transfronteriza del narcotráfico, a causa de la guerra contra el ‘narcoterrorismo’ materializada en el Plan Colombia, debido a la escasa presencia estatal y la histórica debilidad institucional a uno y otro lado de la frontera —aunque existan excepciones en determinados territorios, como la conurbación binacional Tulcán-Ipiales, espacio que muestra bajas tasas de homicidios en comparación con los territorios aledaños— y, por último, debido a que los 2 estados, en distintas coyunturas, han priorizado las políticas de seguridad nacional (militarización) en lugar de la integración y el desarrollo fronterizos.

Entre 2000 y 2004 los índices de violencia crecieron a ambos lados del límite colombo-ecuatoriano. Entre 2005 y 2010 los homicidios del lado colombiano (Nariño y Putumayo) se redujeron en 30,37%, pero crecieron del lado ecuatoriano (Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos) en 12,74%. En cambio, entre 2011 y 2013 los homicidios del lado ecuatoriano disminuyeron en 29,34% mientras que del lado colombiano aumentaron en 12,09%.

Esto muestra que la violencia en la frontera colombo-ecuatoriana se guió por una dinámica transfronteriza, dinámica que se rompió en 2014 y que “coincidió” con las negociaciones entre el Gobierno Colombiano, las FARC y, posteriormente, el Ejército de Liberación Nacional, pues solo en esta coyuntura los niveles de violencia se redujeron a ambos lados del límite interestatal, un hecho no registrado en los años precedentes. De aquí que uno de los potenciales beneficios del eminente Acuerdo de Paz Colombiano sea, entre muchos otros, la reducción de la violencia en las fronteras de la región. (I)