Representantes de 250 comunidades afectadas por las fumigaciones hechas por Bogotá en el marco del Plan Colombia, acudieron hasta la Cancillería para reclamar el pago de indemnizaciones. Ellos fueron afectados por el glifosato que se esparció en la zona para eliminar las plantaciones de coca pero que llegaron a los pobladores del lado ecuatoriano.

Víctor Guerrero, presidente de la organización Pluriétnica Pachamama de la zona de San Lorenzo (Esmeraldas), señaló que las comunas afectadas se encuentran en las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, en donde existen diferentes niveles de daño al medio ambiente. Según ellos el uso del herbicida también mermó la calidad del suelo y los cultivos se han deteriorado.

El dirigente recordó que las aspersiones que efectuó Colombia se hicieron entre los años 2000 y 2010. Las rociaduras también serían causantes del aumento de los casos de cáncer entre la población. “Desde 2005 han fallecido 68 personas por esta enfermedad y actualmente otras 487 han contraído el mal”, contó el líder.

Por eso solicitaron medidas de reparación integral para las 30.000 familias que residen en la frontera y que se destine parte del fondo común de $ 4 millones para atender a estos sectores. “Pedimos acciones como la construcción de obras públicas, caminos vecinales, carreteras, mayor seguridad, apoyo a proyectos turísticos y agro-artesanales sustentables.

Además que las medidas a tomarse sean de carácter colectivo y no como se han dado anteriormente a través de indemnizaciones particulares, pues este sistema no es sostenible y no trae desarrollo a los moradores”, dijo Guerrero.

Carlos Pay, presidente de la organización campesina, dijo que se han organizado todas las comunidades afectadas. A pesar de que ya han tenido dos reuniones anteriores con autoridades consulares hasta el momento no se ha concretado nada. “En años pasados se entregó a 4.800 personas una indemnización de $ 3.000”.

El dirigente comentó que ese dinero no compensó todo el daño que hasta la fecha el material arrojado aún provoca. “Por eso pedimos soluciones con trabajo junto con los residentes fronterizos, la vida no se compra y lo prioritario es la aplicación de planes a mediano y largo plazo que permitan el desarrollo de nuestra gente”.

La delegación fue recibida por el subsecretario de asuntos para Latinoamérica y el Caribe, Efraín Baus, quien aclaró que el tema de indemnizaciones ya fue cerrado en 2014 luego de la entrega del dinero a los residentes afectados, por lo que la Cancillería no puede hacer nada al respecto.

No obstante explicó que existen 13 proyectos de desarrollo para las zonas fronterizas, los mismos que se van a discutir con los moradores en el contexto del diálogo que impulsa el presidente Lenín Moreno.

Comentó que la reunión binacional entre los mandatarios de Ecuador y Colombia permitió articular proyectos comunes para ambos lados de la frontera.

Asimismo habrá capacitaciones para los pobladores, además se potenciarán servicios de salud, educación e infraestructura. (I)