María Joaquín no puede contener las lágrimas de solo pensar que sería desalojada de su vivienda. Ella integra una de las 60 familias que se verían afectadas con la construcción de la urbanización Nueva Manta, en la vía San Mateo-San Lorenzo, en las afueras de Manta.

Mónica López, presidenta de la comuna San Mateo, manifiesta que integrantes de la familia Parducci  aseguran ser dueños de los terrenos que estarían en litigio. El conflicto no es nuevo, viene desde la década del 40, incluso ha llegado hasta instancias armadas, según cuenta López. “En 1990 tuvimos enfrentamientos, ellos hirieron a varias personas, pero no se quedaron con nuestras tierras”, expresa.

Doña María, quien vive en el barrio Sauces, destaca que “ya es hora que todo se solucione. Por lo menos que digan que se queden las personas en las casas y que se cojan el resto”. Su familia, junto a varias más que vivían en el sector bajo de San Mateo, perdió la casa en el fenómeno de El Niño que afectó la Costa ecuatoriana en 1998. Tras esto, fue reubicada en el actual barrio Sauces, a varios metros de la playa.

Esta reubicación fue realizada por el exalcalde de Manta Jorge Zambrano, quien asumirá nuevamente el poder la próxima semana.

El pasado 15 de abril, el Municipio de Manta, a cargo de Jaime Estrada, dio una autorización para la construcción de la urbanización Nuevo Manta. Este conjunto residencial estaría ubicado en los barrios Sauces y 10 de Julio.

“Los moradores pedimos que se respete a la comuna, que fue establecida legalmente el 23 de septiembre de 1938. La familia Parducci tiene una supuesta escritura de 400 varas, sacada en 1940.

En 1982 apareció una escritura de 4.500 hectáreas. Esta es una tierra ancestral, una comuna. Todo esto se dio porque no habían gobiernos que apoyen a las comunas, pero ahora con el Gobierno actual, las comunas estamos amparadas”, indica López.

Según explicaron, el sector en conflicto antes se llamaba Palo Verde. “Las escrituras de ellos son falsas, ya que San Mateo no existía en aquella época, sino Palo Verde”, expresa López.

Los comuneros están de acuerdo con el ordenamiento territorial, pero siempre que “no se toque a las comunas, la Constitución nos ampara”. La agrupación se basa en el artículo 57 de la Carta Magna, en el que “se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

“El Municipio no nos puede quitar la tierra. Las personas con dinero se aprovechan de la ingenuidad de nuestra gente”, asevera Óscar Rivas, abogado de la comuna.

Entre los posibles desalojados está Agustín Alonso, de 59 años, quien se dedica a la agricultura, “mi abuelo y mi papá son comuneros.  Tengo 14 hectáreas en las que tengo sembrado plátano y arroz”, comenta. Este medio buscó dialogar con Gonzalo Vera, representante legal de la familia Parducci en Manta, pero no se encontraba en su oficina.

Óliver Guillén, vicealcalde de Manta, asegura que no hay ningún vacío legal en la autorización dada a quienes serían los propietarios de las tierras. El funcionario, en el cargo hasta la próxima semana, dice: “Todo está legalmente establecido, no hay litigio en los terrenos en los que se dio la autorización”.