El Gobierno Nacional evitó un presunto acto de corrupción al detectar documentación falsa por parte de la empresa que se adjudicó la construcción del hospital Básico de Pedernales (Manabí).

Iván Granda, secretario Anticorrupción de la Presidencia, indicó que la compañía Tippmann S.A. habría entregado pólizas falsas de garantías por cerca de $ 8 millones, para acceder al contrato de más de $ 15,7 millones para la construcción de dicha casa de salud.

La investigación se hizo junto al Servicio de Contratación de Obras (Secob). “Si fueron capaces de falsificar garantías, qué hubieran hecho con la ejecución de la obra”, subrayó Granda.

Se informó que Tippmann habría alegado que cumplía con el requisito del 5% del monto total del contrato, es decir, cerca de $800.000.

Sin embargo, el martes 3 de septiembre, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa (Cacpe) Pastaza certificó que las pólizas entregadas por dicha empresa “no fueron emitidas por ellos”.

Aquello lo ratificó Édgar Acuña, gerente general de la cooperativa, quien agregó que “nuestra institución no da este tipo de garantías, por lo que han sido falsificadas”.

Granda mencionó que se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía para que se determinen las respectivas responsabilidades penales de los involucrados en este posible acto de corrupción.

Por ello, espera que se esclarezcan los hechos de este caso, en el cual, la empresa pretendió acceder a un contrato de forma irregular por casi $ 16 millones, que perjudicaría a alrededor de 75.000 habitantes de Pedernales.

Tras ello, René Tamayo, director general del Secob, anunció la terminación unilateral del contrato. Manifestó que pasado este problema se iniciará otra licitación para la adjudicación de la nueva empresa que construirá el hospital, que tendrá 30 camas.

Se estima que esto se determine en diciembre. “Pedimos paciencia y ofrecemos disculpas a los habitantes de Pedernales por las demoras, lo que no estuvo bajo nuestro control”, señaló Tamayo.

Iván Granda añadió que también habrá las respectivas sanciones administrativas para la compañía. Una de ellas será que la empresa no vuelva a contratar con el Estado por 5 años. Además, se sancionará a los funcionarios del Secob que estarían involucrados en este caso. (I)