Mientras avanza el proceso de la remoción de Teodoro Andrade como alcalde de Jipijapa, resolución tomada por el Concejo Municipal el viernes de la semana anterior, el funcionario realiza sus gestiones normales en el cargo.

Para el concejal Marcos Alay, la decisión de algunos ediles tiene varios vacíos legales.

“Por eso yo voté en contra, porque se violan principios, el derecho a un debido proceso y a la seguridad jurídica que tenemos los ciudadanos”, expresó.  

Refirió que el denunciante, en este caso el ciudadano Gonzalo Menoscal, no se presentó para sustentar las razones de por qué pedía la remoción de Andrade.

“Los compañeros se apresuraron”, dijo Alay.

Explicó que el alcalde, una vez que el Concejo tomó la decisión de removerlo, tiene tres días para apelar la resolución y que luego el trámite sube al Tribunal de lo Contencioso Electoral, que será el ente que examinará si se cumplieron los procedimientos o si se han violado normas y garantías constitucionales durante el proceso.

En caso de encontrarse alguna inconsistencia legal, la decisión del Concejo quedará sin lugar.  

Hasta el mediodía de ayer, el burgomaestre no había apelado la decisión del Concejo debido a que no le entregaban la notificación, según explicó Alberto Falconí, asesor del burgomaestre.    

“Ni al despacho de la Alcaldía ni a los correos y casilleros de los abogados que siguen el caso ha llegado la notificación de aquella resolución. Estamos a la espera de ese pronunciamiento”, destacó.

En sesión del pasado viernes, los ediles sometieron a votación un informe elaborado por una comisión liderada por el vicealcalde,  Aarón Cañarte, en torno a una denuncia realizada por el ciudadano Gonzalo Menoscal, por supuestas irregularidades de Andrade.

En la votación la denuncia fue aceptada, dando paso al trámite de la remoción.  

Al interior del cantón no se han presentado problemas. (I)