Para Gonzalo Carrillo, la idea de denunciar a los usureros que promociona el Consejo de la Judicatura  es acertada. Sin embargo, tiene algunas dudas en base del  vía crucis personal que ha vivido por 11 años al ser víctima de los también denominados “chulqueros”.

Gonzalo se dedica a la venta de ropa casual desde su juventud y fue en 2003 cuando su calvario económico empezó. En aquel momento, con el fin de ampliar su negocio, decidió realizar un crédito y al no contar con el apoyo de la banca privada confió en un prestamista informal.

“Cinco años trabajamos con diferentes créditos con la familia a la que pedíamos el dinero. La deuda total llegó a 9.000 dólares y la forma de pago era del 10% de interés mensual, con un pago diario de  30 dólares y los lunes de 60 dólares”. Después de dos años, según el denunciante, había pagado  21.900 dólares; sin embargo,  la deuda continuaba,  a juicio del prestamista.

Y fue allí que empezaron los problemas, pues  cada vez era más difícil cancelar el valor total. Como el dinero que ganaba se iba  en los pagos mensuales, ya no  podía comprar mercadería y el negocio poco a poco fue  decayendo. “Estábamos al borde de la bancarrota; así que decidí hablar con la señora que supuestamente nos había ayudado, pero simplemente me respondió que esto era cuestión de negocios y que debía pagarle todo”, recuerda Gonzalo.

Luego empezaron los litigios legales, procesos en los que visitaron algunos juzgados de la ciudad de Riobamba. Pero tras ello, el saldo es negativo: fue despojado de su casa, tuvo que cerrar cuatro de sus cinco almacenes  y, además, tiene un juicio por daños y perjuicios por un monto de cuatro millones de dólares. El proceso fue planteado precisamente por los prestamistas, quienes ganaron el juicio por la deuda en una de las tres instancias.

En un caso similar, Mayra,  una madre que cuida sola de sus dos hijos, decidió abrir una librería para mantener a su familia. Y cuando estaba instalada, a su local llegó una persona con acento colombiano, quien le ofertó dinero  al  9% mensual. “En ese momento me dijeron que no me preocupara, que si no tenía para pagar, ellos no tendrían problemas para esperar”. Cada día debía cancelar  11,90 dólares por los 300 dólares que le prestaron.

“Ya habían pasado cuatro meses y pagaba a diario los  11,90 dólares. Solo me retrasé unos tres o cuatro días; sin embargo, me decían que aún debía 90 dólares. Cada día venían tres o cuatro personas a decirme que no me atrasara, que no querían tener problemas conmigo o con mis hijos. Fueron momentos terribles”.

Por ello, tanto Gonzalo como Mayra están de acuerdo con la propuesta del Gobierno  de luchar contra los usureros. “Estoy a favor, pero sí tengo mis dudas. Por ejemplo, mi proceso ha pasado por una serie de jueces, con muchas anomalías, y no se ha hecho justicia”, dice Gonzalo. Y el afectado cita como argumento el caso del embargo de su casa: “¿Cómo se puede explicar que por orden de un juez se envíe a desalojar mi casa, pero con una dirección cambiada?. Eso era suficiente motivo para anular el proceso. Pero aquí se hizo caso omiso de todo”, afirmó.

Y otra pregunta de Gonzalo  es: “¿cómo una familia con 14 denuncias por usura, puede caminar tranquilamente por las calles?”.