Las unidades de policía comunitaria (UPC) que se construyen en los barrios El Chofer, La Merced y El Obrero, de la ciudad de Puyo,  están prácticamente culminadas. Tan solo se esperaría  el equipamiento y disposiciones de las autoridades  para proceder a su inauguración.

Las tres edificaciones fueron construidas con una inversión cercana a los 800 mil dólares, recursos que el Estado invirtió  con el propósito de mejorar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, los integrantes del Concejo de Pastaza   reunidos días atrás,  coincidieron en que en la construcción de las tres UPC se  sobrepasaron las dimensiones de los terrenos que el Municipio  entregó a finales del año pasado.

El concejal Eduardo Toctaquiza  confirmó  que se habrían irrespetado las dimensiones de los terrenos donados por el Cabildo. “Apoyamos para que el Gobierno haga obras, pero no es posible que exista exageración en el uso del terreno (…). El Municipio debe hacerse respetar ahora; caso contrario mañana cualquier entidad va a hacer lo que le venga en gana”, expresó.

Para el concejal rural Wellington Vásquez, el Instituto de Contratación de Obras (ICO) no ha respetado los límites de los terrenos adjudicados. Indicó que incluso en la UPC del barrio El Chofer se han extendido más de 200 metros cuadrados, utilizando hasta un pasaje e impidiendo el acceso de los vecinos a sus domicilios. “Esto no se puede permitir y el Ministerio del Interior debe buscar una solución”, refirió.

El edil fue más allá y exigió rectificaciones a los responsables de la construcción, pues consideró que la municipalidad estaría en condiciones de proceder al derrocamiento de las obras construidas fuera de la legalidad, ya que las ordenanzas y el Cootad les facultan para controlar la utilización de los suelos.

La concejala Anita Jiménez se sumó al reclamo y consideró que estas edificaciones tienen serios inconvenientes por la exagerada utilización del terreno y que posiblemente no puedan ser inaugurados en el plazo previsto.

“Felicitamos al Gobierno por realizar estas obras, pero también tienen que respetar los códigos urbanos y obtener los respectivos permisos; caso contrario, sus obras deben ser suspendidas”, expresó.

Los tres concejales que emitieron el reclamo fueron críticos con el trabajo que realiza la Comisaría de Construcciones del Municipio de Pastaza, por no haber efectuado las respectivas inspecciones del avance de las obras y -añadieron- que si hubieran detectado el excesivo uso del terreno hubieran procedido a la suspensión de los trabajos.

En tanto, el Director de Planificación del Municipio de Pastaza  aseveró que en cada uno de los tres UPC se han extendido en promedio 150 metros cuadrados más de las superficies autorizadas. Además, que no se pueden legalizar las escrituras por estos problemas.

“Los terrenos para los UPC eran de dimensiones distintas a las que se utilizaron. Las empresas constructoras ICO, Fabrec e Inmobiliar deben responder por todo. El Municipio se ratificó en conceder los 300 metros donados al inicio y se hará respetar aquello. La Comisaría de Construcciones debía haber actuado a tiempo (…). Ahora buscan legalizar las escrituras y se produce el inconveniente”, dijo el funcionario.

Por dos ocasiones, pese a haber pactado una entrevista con este medio de comunicación, la Comisaria de Construcciones se negó a dar información sobre el tema, aduciendo que estaba muy ocupada en sus labores diarias.

Mientras tanto, Antonio Velín, delegado en Pastaza del Ministerio del Interior, dijo que desconocía  lo resuelto por el Municipio de la capital provincial y advirtió que pedirá explicaciones al ICO, toda vez que de acuerdo con la planificación, estos UPC debían ser inaugurados a mediados de julio.