Jacobo Sanmiguel, concejal de Ambato, en la última sesión del Concejo cuestionó de forma tajante la legalidad de las multas emitidas por tres de los 8 fotorradares instalados en la ciudad.

Según Sanmiguel, los barrios El Pisque, Totoras y Huachi El Belén, en el norte y sur de la urbe, sectores donde el año pasado fueron colocados los dispositivos, son rurales y las sanciones económicas emitidas por los radares no tendrían validez.

“Estos aparatos fueron colocados para controlar la velocidad en el área urbana y no está claro si estos sectores son urbanos o periféricos. Por esto considero correcto que la Municipalidad, o la entidad encargada de cobrar las multas, devuelva esos rubros a los supuestos infractores y se rebajen las multas pues son excesivas”, dijo el edil.

Además, el concejal sugirió al Cabildo designar a un equipo urbanístico para realizar un estudio en el que, bajo criterios técnicos, se analice si los sectores antes mencionados pertenecen o no al área urbana.

Por su parte Edward Gaibor, director del departamento municipal de Tránsito, aseguró que los aparatos fueron colocados en puntos críticos de la ciudad, por el alto índice de accidentes viales ocurridos, y que no se planifica moverlos. (I)