A partir del desvío de 13  millones de dólares de las cuentas del Municipio de Riobamba, se abrieron  más interrogantes y cuestionamientos sobre la administración del Alcalde Juan Salazar, quien afronta una posible destitución del cargo.

El martes 23 de abril, los concejales Pablo Muñoz, Edith Caranqui, César García, Marco Portalanza y Jorge Recalde presentaron la denuncia por escrito en la Secretaría del Concejo, de acuerdo con lo que establece el artículo 336 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización, (Cootad), para  la remoción de una autoridad electa por votación popular.

Son tres las causas que Salazar afronta. La primera tiene que ver con el manejo del presupuesto municipal de 2012.  Según  el concejal Jorge Recalde,  el presupuesto de ese año alcanzó la cifra récord de  56781.  393  dólares, pero  solo se gastaron 27347.500 dólares.  “Esto demuestra una alta deficiencia en la planificación de la ciudad, pues el año pasado  solo se ejecutó (utilizó) un 48%  del presupuesto”, manifestó Recalde.

El otro puntal es el cierre de una vía  pública de 170,80 metros de largo por 7,20 metros de ancho durante más de un año y medio en el barrio El Batán, atrás del edificio del Ministerio de Agricultura en Riobamba, y que está frente a la propiedad del actual Alcalde.

La calle fue cerrada con grandes portones metálicos y una pared en el año 2011. Esto luego de que la Comisión de fiscalización conociera un informe de la Dirección de planificación, emitido el 14 de octubre de ese año, indicando que dicho espacio era de carácter privado.

Tras producirse el cierre, los moradores del barrio presentaron sus quejas al Cabildo. La protesta fue generalizándose, al punto que la  Comisión de obras públicas del Municipio decidió  revisar la resolución administrativa 237 de 2011, en la que se viabilizaba el cierre de dicho espacio. Y el 28 de febrero de 2013, la Comisión emitió un informe en el cual se pidió la derogatoria de la mencionada resolución para dar paso a la apertura de la vía.

“Tuvimos demoras en la entrega de documentos para analizar este caso. Incluso algunos nunca llegaron a tiempo. Pero en base a los datos recogidos y a planos anteriores, se dispuso el derrocamiento de los muros”, dijo Marco Portalanza, presidente de la Comisión de  obras públicas del Cabildo.

Actualmente se retiraron los portones metálicos, pero las dimensiones originales de la calle no están definidas. El espacio es de menos de siete metros y no existe la acera de 1,20 metros con la que debe contar.

Y el último tema de conflicto es   el desvío de fondos municipales donde, en un primer momento,  Juan Salazar, Alcalde de la ciudad,  mencionó  que las cuentas habían sido hackeadas  y que las transferencias de los montos se efectuaron en horarios no laborables. El Banco Central del Ecuador (BCE) salió al paso y mostró que en los registros que guarda esa entidad, entre el 4 al 10 de abril se realizaron 10 trasferencias; de ellas, 13,3 millones fueron acreditadas a diferentes entidades bancarias y 2,9 millones fueron operaciones rechazadas.  Además, los datos muestran que las transacciones se realizaron entre las 07: 59 a 10:52, echando abajo la idea de Salazar.

Mateo Villalba, gerente del BCE,  aseguró que para registrar y autorizar las transferencias se usaron las claves de Juan Salazar y de Danilo Campos, tesorero de la institución, por lo cual no hubo  un hackeo sino un mal manejo de las claves entregadas por dicha entidad.

Incluso presentó la versión emitida por Salazar ante la Fiscalía en la que declaró que  aparte de su persona, el tesorero y la directora financiera, el manejo de las claves también lo tenían Olga Heredia, funcionaria de tesorería; Germania Basantes, secretaria del alcalde y Nelly Oviedo, asesora de la misma autoridad.

Son estas tres acusaciones las que pesan sobre el alcalde riobambeño, quien tendrá que desestimarlas para  permanecer en el cargo.