Los concejales del Gobierno Municipal de Riobamba, César García, Marco Portalanza y Jorge Recalde, presentaron una solicitud ante la Contraloría General del Estado (CGE) para que realice un examen especial de auditoría al proceso de valoración y venta de las acciones del ex Parque Industrial, al igual que la disolución voluntaria y anticipada de la compañía. 

Patricia Herrera, viceprefecta, realizó el mismo trámite ante la CGE, pues el Consejo Provincial de Chimborazo también fue accionista.

Esta compañía (parque industrial) tuvo sus inicios en 1976 con el aporte de diferentes sectores. La Municipalidad de Riobamba entregó más de 400 mil metros al sur de la ciudad para el funcionamiento de dichas instalaciones.

En 2006, a través de la bolsa de valores, se vendió un paquete accionario a Enrique Lizardo Colcha Arévalo, para luego convocar en 2009 a una junta general extraordinaria de accionistas de Inpriocem (Inversiones Productivas Riobamba Compañía de Economía Mixta) o Parque Industrial con el objetivo de decidir la disolución y liquidación voluntaria y anticipada de la compañía. El ex alcalde Juan Salazar López presidía dicha junta.

De acuerdo con los documentos, a esa junta asistieron nueve accionistas, quienes eran propietarios del 92.43% del paquete total. Entre algunos de los socios que participaron de dicha reunión se encuentran: “Lizardo Colcha Arévalo por sus propios derechos, con el 60,60% del capital social de la empresa como accionista mayoritario; el Consejo Provincial de Chimborazo representado por Mariano Curicama; el síndico de la institución Newton Mestanza, con el 2,05% del capital social; el Municipio de Riobamba representado por Juan Salazar López (ex alcalde) y el síndico Gonzalo Fray, con el 29.27% del capital social de la empresa.

El documento también revela inconsistencias en el acta de la reunión efectuada el 27 de noviembre de 2009, fecha en la que los accionistas decidían la liquidación de la empresa mixta. También menciona que al momento de constatar el quórum, Segundo Palmay, accionista de Inpriocem, con el 0,02% del capital social de la empresa, concurrió a la junta “por sus propios derechos” y que luego la abandonó. Sin embargo, la persona mencionada falleció el 20 de julio de 1998, según lo confirma la partida de defunción, que fue adjuntada al informe presentado en la Contraloría.

En el acta de la Junta General, se registró el momento de la votación para resolver la disolución y liquidación del Parque Industrial: el 0,34% votó en contra, mientras que el 62.68% lo hizo a favor (Enrique Colcha). El prefecto Mariano Curicama indicó que procede y Juan Salazar se abstuvo de votar.

El concejal Jorge Recalde manifestó que existen algunas acciones dentro de este proceso que no están claras. Por ejemplo, el ex alcalde Juan Salazar participó en la reunión de accionistas de Inpriocem “sin haber obtenido el criterio de los concejales, ni antes ni después de la reunión, por lo tanto, no estaba autorizado a tomar una decisión en nombre de la institución”.

Para Herrera, “Mariano Curicama, al ser autoridad y representante de la institución pública, no podía haber votado sin la decisión de los niveles legislativos como el Consejo Provincial, lo cual representaría un abuso en el ejercicio, tanto en el caso del ex alcalde, Juan Salazar, y de Mariano Curicama, prefecto”.

Además -dijo- existirían otras presuntas anomalías que deberán investigarse: “Se procede a liquidar sin que la empresa esté en quiebra, nunca perdió el 50% de sus activos, en la compañía había intereses públicos y son las autoridades las que deben velar por los ciudadanos. El precio en el cual se liquidó y la repartición de los activos a los diferentes accionistas se debe analizar”.