Se afina el mecanismo de retiro de pentolita
Los delegados de los ministerios del Ambiente (MAE), de Justicia y Derechos Humanos, del Interior y representantes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía viajaron el martes pasado hasta Sarayaku, donde fueron recibidos en la casa comunal, por José Gualinga, presidente de la comunidad, el Consejo de Gobierno (Tayja Saruta) y varios pobladores.
El motivo de la reunión fue definir acciones que permitan cumplir la sentencia emitida a favor del pueblo indígena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en especial, lo relacionado con el retiro de explosivos de ese territorio.
Las definiciones están centradas en la elaboración de un estudio en el que se determinen los impactos en cuanto a soberanía alimentaria, impacto cultural, organizativo e incluso espiritual que ocasionará el retiro de la pentolita, ya que se considera a la selva como patrimonio natural y de vida de los indígenas.
Deben integrarse al proceso técnicos y especialistas en Biología, Botánica, Antropología, Sociología, médicos tradicionales y especialistas ancestrales que conozcan sobre árboles, aves y biodiversidad.
Para el efecto, tanto el Gobierno como la comunidad de Sarayaku deben nombrar a sus delegados a la comisión, que estará integrada por unas 15 personas. El mencionado estudio debe ser concluido en los próximos dos meses.
Luego de esta etapa vendrá el retiro de la pentolita, labor que ha sido delegada al GIR, cuyos integrantes, con el apoyo de guías y expertos en selva de la comunidad, cumplirán con el trabajo únicamente en la parte superficial del terreno
De toda la comunidad deben ser retirados alrededor de 1.400 kilogramos de pentolita tanto de la superficie como del suelo interior, en un área aproximada de 20 mi hectáreas.
La primera etapa estará a cargo del GIR y la nacionalidad por cinco meses. Este equipo lo integrarán 22 personas, entre oficiales, personal de tropa y comuneros de Sarayaku.
A petición de los indígenas, se otorgará un seguro de vida a los comuneros que laborarán con la Policía, debido a los riesgos que concita tal actividad.