Esta semana será decisiva para el alcalde de Riobamba Juan Salazar López, quien desde hace 10 días viene soportando duras críticas por el caso del desvío de fondos de las cuentas municipales por más de 13 millones de dólares. 

Hoy, la Contraloría General del Estado iniciará un examen especial a las operaciones administrativas y financieras; administración de identidad; cuentas de usuario, y monitoreo de las transacciones electrónicas de pagos en el Municipio de Riobamba.

Además, se verificará la administración de identidad de las cuentas de usuarios con las transacciones electrónicas, así como los procedimientos de monitoreo y alerta.

El examen comprenderá el período del 1º al 16 de abril pasados, fechas en las que supuestamente se produjeron los mencionados desvíos de fondos. Este examen pretende analizar la legalidad, veracidad y propiedad de las transacciones de pago a través del Sistema de Pago Interbancario (SPI).

La acción de control está a cargo de la Dirección de Auditoría de Tecnología de la Información de la Contraloría, en cumplimiento de los artículos 211 de la Constitución del Ecuador y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Pero no solo la Contraloría ha puesto sus ojos en el Cabildo riobambeño. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, en una vista efectuada el pasado viernes a la capital chimboracense, desestimó la posibilidad de que la responsabilidad del desvío del presupuesto riobambeño recaiga en el Banco Central del Ecuador como asegura Salazar.

Dentro de los trabajos de investigación de esta entidad se incautaron también las computadoras de la municipalidad para una inspección técnica judicial.

Mientras que al interior del propio Cabildo, la Comisión de fiscalización pedirá formalmente, según solicitud de ocho de los 11 ediles, en la reunión del Concejo Cantonal de esta semana, la destitución de la directora financiera, Fanny Lazo, acusándola de negligencia al no haber establecido políticas de control interno del manejo de las cuentas municipales. Esa decisión recaerá en manos del Alcalde de la ciudad.

Aparte de este pedido, la mayoría opositora conformada a raíz del caso de las transferencias ilegales de recursos, solicitará al alcalde Juan Salazar; a Mario Campos, tesorero municipal; Olga Heredia, funcionaria de tesorería; Germania Basantes, secretaria del alcalde y Nelly Oviedo, asesora de Alcaldía, que se se acojan a una licencia sin sueldo durante dos meses mientras se realizan las investigaciones sobre el caso.

También se pedirá a Santiago Abarca, quien por el momento cumple los cargos de director administrativo y presidente del Comité Permanente de Fiestas, un informe en el cual indique: “¿por qué no conocía cuántas personas contaban con las claves?, que son de uso personal del alcalde, tesorero, y financiera, pues eso está dentro de sus funciones”, mencionó el concejal José Luis Aldaz.

Por otra parte, su colega en el Concejo, Jorge Recalde, criticó el sistema de información que llega a la mesa de los ediles. “No ha existido una información veraz desde el Departamento de Vinculación, lo cual no ha permitido que nosotros como concejales sepamos realmente lo que sucede en la municipalidad. La única información que ha llegado a mi oficina es la del Banco Central, pues pese a que hemos solicitado datos en reiteradas ocasiones a departamentos municipales no se nos ha proporcionado nada”, sostuvo.

Mientras tanto, la ciudadanía de Riobamba ha empezado a movilizarse en relación con este caso y a través de varias cuentas en redes sociales (Facebook y Twitter) se ha convocado a una “Marcha por la dignidad riobambeña” para el lunes 29 de abril, a partir de las 15:00.

Los convocantes han programado que la manifestación de descontento parta desde el parque Guayaquil (infantil), y recorra las principales calles de la ciudad con el fin de pedir la renuncia de la principal autoridad riobambeña.