En la provincia de Chimborazo existen 13.000 personas registradas en el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), con algún tipo de capacidad especial y en diferentes porcentajes. Y este grupo importante de la sociedad ha tenido que enfrentar el problema diario de movilizarse de un lugar a otro, por la carencia de facilidades de desplazamiento  tanto en las calles como en los edificios públicos y privados.

La Constitución señala en su artículo 11 numeral 2,  que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; sin embargo, para Rolando Gómez, coordinador provincial de Discapacidades, esto no se está cumpliendo, pues el derecho que tienen estas personas de accesibilidad a distintos lugares no existe. “La ciudad (Riobamba) está diseñada para personas sin discapacidad. Existen barreras que se colocan en las aceras para expandir establecimientos; en otros lugares, para dar facilidad a los parqueaderos,  nos retiran las pequeñas rampas de las veredas, por  lo cual nos resulta imposible recorrer tranquilos por las aceras, en especial a quienes usamos silla de ruedas”.

A esto se suma la falta de respeto de los conductores por los pasos cebras, que suelen invadir esta señalética horizontal, dejando menos espacio para que las personas en sillas de ruedas puedan cruzar con mayor seguridad.

Según indicó Gómez, el 90% de las edificaciones en Riobamba no cuentan con infraestructura necesaria para personas con discapacidad. “No hay señalización, ascensores en edificios para poder subir a pisos altos. La accesibilidad quiere decir que las personas con alguna discapacidad puedan movilizarse solas, y esto en Riobamba no lo podemos hacer. Algunos, para disimular, colocan rampas, que yo las llamaría trampas, pues no cuentan con un estudio técnico, lo que indicaría que puede ser peligroso para una persona con discapacidad subir por estos sitios”, añadió.

“Fernando” es abogado y tiene una discapacidad del 70%, por lo que utiliza silla de ruedas para movilizarse. Él comenta que realizar sus  trámites en el edificio de los juzgados (que tiene más de cuatro pisos) es una gran dificultad. “Es terrible cuando me toca subir a los otros pisos, las personas tienen que ayudarme; lo cual resulta incómodo. Y como este hay varios edificios públicos que no permiten una accesibilidad y por lo tanto se convierten en una gran dificultad”.

Eduardo Guamán tiene  discapacidad visual, pues cuando era niño perdió la vista; a pesar de ello, mencionó que ya conoce la ciudad por lo que caminar  en ella no le resulta un problema. Su mayor molestia se presenta cuando acude a lugares nuevos. “Como soy estudiante, en ocasiones me toca ir a realizar consultas o trabajos y es ahí cuando se me presentan dificultades, pues al ingresar en algún lugar no existe una persona que me explique o me ayude a buscar lo que necesito. Considero que deberían preparar al personal de las instituciones para que sepan cómo ayudar a los discapacitados”.

Debido a esta situación, varias instituciones analizan no solo la accesibilidad física, sino  la comunicación, pues existen muchas personas con discapacidad auditiva que no se mantienen informadas por medios televisivos. “En Riobamba, los canales no mantienen el recuadro en pantalla con una persona que traduzca la noticia en lenguaje en señas, lo que también es considerado un derecho a la información”, indicó Gómez sobre el tema.

Por su parte, Mónica Bonilla, asistente de la Defensoría del Pueblo, señaló que  se prepara un estudio para conocer  qué instituciones públicas son las que no estarían cumpliendo con el derecho de inserción laboral para personas con discapacidad. “El trabajo digno es un derecho al que toda persona debe acceder;  por eso, en  una empresa con más de 25 empleados, el 4% debe ser discapacitado.

Estamos seguiendo al tema y tendremos un informe en los próximos días; aunque se debe mencionar que  no se ha tenido ningún inconveniente, pues los dueños  de los negocios sí han cumplido con esta disposición en  Chimborazo”, señaló. En tanto, se tienen previstas campañas de sensibilización dirigidas al personal de instituciones públicas, para  mejorar la atención a las personas con discapacidad.