Desde que la nueva administración asumió la dirección de la Empresa Pública de Agua potable y Alcantarillado de Riobama (EP-Emapar), poco a poco  han ido apareciendo ciertas circunstancias  que explicarían el mal funcionamiento del servicio básico.

Ahora se habla de la ausencia de planos de la red de tuberías  instaladas en  la ciudad. “El Plan Maestro de Agua Potable  no contaría con planos de las tuberías de la red, lo cual ha hecho que al momento de surgir algún inconveniente, se haya tenido que escarbar a ciegas para encontrar el problema”, dijo Gonzalo Ruales, concejal y representante ante el Directorio de la empresa.

El edil señaló que se ha solicitado una fiscalización completa del Plan,  ya que existe la posibilidad de que no se cumpla con el ofrecimiento hecho por el Alcalde Juan Salazar (hoy en prisión)  de proveer a la ciudadanía del líquido  las 24 horas del día.

Mientras tanto, se analiza si los precios que se cobran por los medidores están dentro de rangos reales. Para César García, también concejal, esta es una situación que debe investigarse. “Se ha pedido una consulta a empresas en Guayaquil que proveen de estos productos para que nos indiquen el valor de cada aparato. No es posible que se pretenda cobrar a la ciudadanía 145 dólares, pues desde ya hay problemas, como la existencia de  fugas en los medidores. Se está realizando un mal trabajo, no se hace con la técnica que se requiere para dejar bien compactada la tubería. Existen redes nuevas que ya estaban conectadas a los medidores viejos. Y de esa red debían haber tomado para los medidores nuevos y evitar gastos y molestias a la ciudadanía”, afirmó.

Por su parte, la edil Erika Salazar señaló que se analizan los documentos que podrían determinar alguna tipo de responsabilidad. “Se han observado muchas falencias. Fue un sueño que se nos vendió y se debe esclarecer este proceso. Y si hay que sancionar a alguien, pues habrá que hacerlo. Que la fiscalización se la haga adecuadamente”, sostuvo.

Durante esta semana se presentará el informe sobre el precio de los medidores y el Concejo Cantonal analizará la posibilidad de establecer algún tipo de esquema de distribución y manejo de los aparatos para beneficiar a los ciudadanos.