Más de 1.200 viviendas de la parroquia Quisapincha, en Tungurahua, corren el riesgo de ser derrocadas de acuerdo con la ordenanza municipal de la ciudad de Ambato, por no contar con permisos legales ni líneas de fábrica.

Decenas de familias de las 18 comunidades y 12 barrios de la parroquia dicen no poder dormir en paz desde el pasado 16 de enero, cuando recibieron citaciones del Departamento de Planificación y la Unidad de Justicia del Gobierno Municipal de Ambato, por no contar con permisos del Cabildo para sus construcciones, de acuerdo con la Ordenanza Municipal para Construcciones, que está vigente desde hace más de un año.

José Moposita, uno de los eventuales afectados, dijo que este problema inició hace más de 15 años. “Este problema es de siempre”, añadieron los involucrados que visitaron el Palacio Municipal la semana pasada, para pedir ser escuchados por las autoridades en la sesión del Concejo.

Miguel Moposita, presidente de la comunidad de Quisapincha, dijo que nadie ha actuado de mala fe, sino que antiguamente los permisos se emitían desde la Tenencia Política. Pero luego, por nuevas disposiciones, la competencia pasó a manos de la Junta Parroquial y, hasta hoy, solo se efectuaban los trámites en ese organismo.

Y comentó que “ahí nadie decía nada”. Además, cualquiera fuese el trámite, nosotros siempre hemos respetado las disposiciones y las líneas de fábrica, que en este caso, señalaban esos permisos. Pero por desconocimiento no hemos efectuado el trámite en el Gobierno Municipal de Ambato”, expresó. Al respecto, Luis Iza, presidente de la Junta Parroquial, aclaró que esa dependencia nunca se han emitido permisos de construcción de casas, aunque aceptó que se concedían autorizaciones para la construcción de cerramientos. Es así que más de 35 personas dicen tener dichos documentos de legalidad.

Graciela Carvajal, una de las más afectadas, contó que es propietaria de una casa de 7,6 metros de ancho y 9,5 de fondo, y que el Municipio ambateño le emitió una citación informándole que su vivienda no tiene retiro; es decir, que está fuera de la línea de fábrica y que está a punto de perderla.

“Yo nunca tuve permiso para construir, solo conversé con el presidente parroquial, Luis Iza. Y él me autorizó la construcción hace algunos meses, diciéndome que mi cerramiento es legal y que no iba a pasar nada. Al igual que a mí, todas las personas afectadas pedíamos permiso a la Junta Parroquial”, describió la mujer.

Pero la mayoría de afectados no cuenta con un documento legal que avale las construcciones realizadas.

Fernando Callejas, alcalde de Ambato, aseguró que su intención es llegar a un acuerdo para no perjudicar a los cientos de familias que viven en ese sector; mucho menos que pierdan el hogar que con tanto esfuerzo edificaron.

Pero señaló que “hay que denunciar a las personas o juntas parroquiales que están emitiendo este tipo de permisos, ya que esa es una competencia directa de los gobiernos cantonales”. No se conoce con exactitud el número de viviendas en problemas, pero al parecer equivaldría al 80 por ciento en toda la parroquia.

80 por ciento de las viviendas de la parroquia Quisapincha no cuentan con permisos