El proyecto de mejoramiento de agua potable para Puyo denominado río Blanco, fue  considerado como una de las grandes obras emblemáticas de la administración municipal de Pastaza.
Sin embargo, hasta la fecha no cumple con el objetivo para el cual se lo construyó.

El  26 de enero de 2011, el Cabildo firmó con la  empresa constructora Cevallos & Hidalgo, el contrato para edificarlo. La obra tenía un plazo de ejecución de 365 días, contados a partir del 22 de febrero del mismo año, lo que significaba que debían culminarla en 2012.

Al momento lleva 18 meses de retraso y no existen indicios de que  sea entregada tal como consta en el contrato.

El proyecto es financiado con  recursos   entregados en calidad de préstamo por el Banco del Estado. El presupuesto inicial fue de 6’065.150 dólares, pero hoy ya supera los 7,5 millones de dólares.
El contrato estipula la edificación del  sitio de captación del cauce del río Blanco de 340 litros por segundo, la instalación de 40 kilómetros de tubería desde 63 milímetros hasta de 500 milímetros, la planta de tratamiento en El Rosal (en Fátima), un tanque reservorio de 1.000 metros cúbicos y 500 conexiones domiciliarias.

Tanto el alcalde Germán Flores como la firma constructora defendieron y justificaron el retraso, aduciendo  la ejecución de obras complementarias lo que, según ellos, demandó la prolongación de los tiempos.

Con el pasar de los meses, la obra a más de no haberse concretado dentro del tiempo establecido, presentó otras novedades que fueron  detectadas por  la Comisión de Recepción. Entre las  fallas  están: los  asentamientos en el suelo alrededor de toda la obra, gaviones deslizados y a punto de voltearse, trizaduras, fracturas en los bordillos, grietas en los pisos, fisuras pronunciadas en las paredes y lozas de los tanques reservorios, daños en la casa de máquinas, etcétera.

Debido a estas novedades la Comisión,  en  octubre pasado, recomendó a la Municipalidad en una parte de su informe  que no debía recibir la obra provisionalmente, debido a que el contratista tenía la obligación de realizar la reparación total de los daños y a su vez  garantizar  su normal funcionamiento.

La falta de claridad en la ejecución del proyecto motivó también a que la Federación de Barrios de Puyo promueva reuniones con la ciudadanía, en las que resolvieron exigir explicaciones sobre la obra. 

De igual forma, se conformó una veeduría ciudadana que investiga los problemas detectados.
Hasta el momento, no se conocen los resultados del trabajo cumplido por las dos instancias.

En  octubre del año pasado, los representantes de la constructora  presentaron  ante la Notaría Segunda de Puyo, un documento en el cual daban a conocer que se procedió a la entrega  de la obra, con lo cual deslindaban responsabilidades a futuro. El alcalde Flores anunció que  dispuso al departamento de Asesoría Jurídica de la Municipalidad  que inicie el trámite  legal para  la demanda de nulidad de  la presunta entrega-recepción que ha presentado la constructora.

Además solicitó la no cancelación de 300 mil dólares, que adeudan a la empresa encargada de ejecutar los trabajos.