Un grupo de aproximadamente 100 personas se concentró en los bajos de la Fiscalía de Puyo el pasado 6 de junio, con el fin de exigir agilidad en el  proceso de juzgamiento a quien provocó el accidente de tránsito en el que perdió la vida la activista suiza Angélica Raimann.

El  percance ocurrió el 30 de junio de 2011 en la vía entre Puyo y Tena, cuando un bus de la cooperativa Baños se impactó con la camioneta en la que viajaba la ecologista.

Los manifestantes llegaron desde la comunidad Ahuano, ubicada en la provincia de Napo, debido a que en Pastaza tiene lugar,  por más de dos años, el proceso judicial en relación con la muerte de la extranjera.

Luego de cumplir un plantón por más de 30 minutos en la Fiscalía, la siguiente parada fue la Corte Provincial de Justicia de Pastaza. Ahí se mantuvieron por aproximadamente una hora.

La consigna de los activistas ecológicos de las fundaciones Sacha Yasana Wasi y  Selva Viva fue que se aplique todo el rigor de la ley al conductor causante de la tragedia.

Según los denunciantes, desde el año 2011, la justicia ha actuado con lentitud y el proceso no ha avanzado. Han sido más de cinco ocasiones en que las audiencias han resultado fallidas por causas que dijeron desconocer.

“Queremos justicia, que los jueces no se vendan, que el asesino sea detenido”, fueron las consignas que lanzaban los manifestantes, mientras  músicos entonaban canciones y bailaban.

Aurelio Quito,  juez de Garantías Penales, se reunió con los representantes de la marcha y al término de ese breve encuentro, el magistrado aseguró que analizaría el caso y  dictaminaría el llamado a la audiencia respectiva. Quito procedió así y  la tarde de ese mismo día, quedó fijada la fecha de  la audiencia de juzgamiento y se convocaron a todos los implicados  para la mañana del  20 de junio próximo.

A la exigencia y presión a la justicia  se sumó Enit Mieles Mendoza, quien dijo ser la madre de Wilson Papued, quien el 20 de julio de 2010 perdió  la vida en la Brigada de Selva Pastaza.

La mujer criticó a los órganos judiciales por la lentitud en el trámite y por desestimar en tres oportunidades el caso. Reprochó, además,  el supuesto poco apoyo  brindado por los militares. “Mi hijo entró sano al cuartel, murió y me dicen que estuvo enfermo”, reclamó.