La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ratificó su decisión de no otorgar los permisos de funcionamiento, para la terminal  terrestre que se construye en el sector oriental de Riobamba.
La obra no contaría con los estudios técnicos que respalden la edificación.

El Municipio tendrá que decidir la utilización de esta infraestructura valorada en 400 mil dólares.
El proyecto fue contratado en la administración del exalcalde Juan Salazar. Durante ese periodo  varios concejales denunciaron presuntas irregularidades en el contrato, sin embargo las labores avanzaron sin ningún contratiempo.

Aunque el Ayuntamiento de Riobamba, mediante boletines de prensa, anunció que la obra tiene un avance del 90% y que pronto entrará en funcionamiento, la ANT ha señalado que este sitio no está apto para dar atención al público.

El Reglamento de Homologación de Terminales de Transporte Terrestre, en su artículo 22, “prohíbe operar una terminal sin contar con el respectivo certificado y habilitación técnica otorgado por la Agencia Nacional de Tránsito”. Estos requisitos, la Municipalidad nunca los habría presentado.

Carlos Jara, director provincial de la ANT, aseguró que la construcción, —al no contar con los informes necesarios—,  no puede entrar en funcionamiento.

“Existen reglamentaciones y se deben cumplir con todos los requisitos. Lastimosamente no los tiene ni los certificados que la respalden. Esa edificación como tal, no va a poder operar”, sostuvo.
Recalcó que el 30 de julio se solicitó al alcalde, Mario Robalino, que envíe los soportes que sirvieron de base para la construcción de la terminal.

“La Municipalidad mediante oficio dijo no contar con dicha documentación”, afirmó.
La concejala Erika Salazar,  quien denunció esta anomalía, manifestó que hasta el momento no se conoce nada sobre el uso que se dará a la edificación.

Agregó que ya fueron notificados de manera oficial que la terminal oriental no funcionará en el sitio.
“Hemos analizado en el Concejo este asunto. Hay inversión pública en la obra, hemos solicitado los estudios al Alcalde para que se nos explique el uso que se dará a esta estructura”, aseveró. 

La edil insistió que la documentación sobre las presuntas irregularidades en la contratación de la obra está en la Contraloría General del Estado, a fin de que determine con una auditoría si todo estaba dentro de lo legal.

Mientras tanto, los transportistas que iban a ser reubicados en este espacio mencionan que hasta la fecha no les han explicado si serán trasladados. “Nadie nos dice nada al respecto. Primero, dijeron que habría una terminal para una mejor atención. Por nuestra parte, vimos que se va a dificultar”, señaló Luis Chimbo, chofer de una unidad.