Durante el último enlace sabatino, el Presidente de la República, Rafael Correa, habló de varios temas que serán incluidos en las reformas al Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que se discuten en la Asamblea Nacional.

Entre los cambios propuestos está la obligación de soterrar o adosar a las paredes los alambres (telefonía, electricidad, televisión por cable e Internet). El costo del proceso deberá ser asumido por la empresa privada y  por la población, cuando se trate de servicios básicos locales.

En varios cabildos de la región centro se han adelantado con la creación de  ordenanzas  o están en proceso de establecerlas. Es el caso del Cabildo de Guaranda, que tiene planificado el soterramiento de cables en un área de 1,5 kilómetros del centro de la urbe y ha establecido un presupuesto de 3 millones de dólares para el efecto.

En Cotopaxi, la Empresa Eléctrica (Elepco S.A) contempla entre sus proyectos la viabilidad de implementar el sistema de cableado subterráneo en varias ciudades de la provincia, pero solo en arterias principales. Así, en Salcedo ya se están realizando trabajos en la calle céntrica García Moreno, en una labor que la entidad coordina con el gobierno municipal de Salcedo. La empresa proveedora del servicio público realiza el 80% de los trabajos, con una inversión que alcanza los 350 mil dólares.

En el cantón La Maná, en la vía 19 de Mayo (4 kilómetros de extensión),   Elepco se encuentra ejecutando la obra  de soterramiento primario. “Para dar vida a este proyecto vamos a necesitar la colaboración de la Alcaldía de La Maná, de la Prefectura y de diferentes entidades”, indicó Édgar Jiménez, presidente ejecutivo de la empresa pública.

Sin embargo, algunos  planes para implementar el cableado subterráneo se han detenido por los costos. Este es el caso de Riobamba, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) desistió del soterramiento como parte de la rehabilitación de la avenida 9 de Octubre (circunvalación), tras establecerse que el costo del procedimiento excedería considerablemente  la inversión de 23052.812 dólares previstos para la obra, según  indicó Néstor Solís, director provincial del MTOP en Chimborazo.

Otro de los temas que también serían reformados en relación con la versión actual del Cootad tiene que ver con las áreas verdes. En la propuesta se establece que toda urbanización nueva debe tener al menos 20%  de áreas verdes.

Un porcentaje que podría contribuir al serio déficit que enfrentan los municipios en el tema de espacios verdes, ya que de acuerdo al estudio del  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el Ecuador no cumple con  el estándar mínimo de este tipo de lugares establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, cada territorio debe contar con un espacio de 15 m² por persona (m²/p) para considerarlo como nivel óptimo y  el rango mínimo es 10 m²/p.

Pero en las áreas urbanas de las provincias centrales, las cifras no llegan a cumplir ni siquiera los parámetros mínimos; es así que Ambato registra 6,52 m²/p; Guaranda, 4,03 m²/p; Latacunga, 2,30 m²/p; Riobamba, 1,94 m²/p y Puyo, apenas 1,24 m²/p; es decir, 8,76 puntos menos del mínimo.

Entre las reformas también se va a incluir el cumplimiento obligatorio de las normas técnicas de construcción. Para  evitar las edificaciones ilegales y en zonas de riesgo. Al momento, según un estudio efectuado por la  Universidad Nacional de Chimborazo y el Cabildo de Riobamba, 29.400 de 42 mil inmuebles catastrados no cumplen las normas técnicas de construcción en la ciudad y gran parte de ellas ha sido construida sin la asistencia de un profesional en la materia.

Inclusive en un reciente informe emitido por el Colegio de Ingenieros Civiles de Chimborazo (Cicch) se advertía de serias fallas estructurales en las nuevas edificaciones.  “En nuestro estudio, observamos que existen construcciones de muy mala calidad, que no cumplen con las normas de seguridad; en especial en torres de departamentos”, dijo Víctor Llanga, presidente del Cicch.

Y en Ambato, según el Cabildo, 950 familias tienen sus  viviendas cerca de quebradas y laderas,  zonas consideradas de riesgo.