A punto  de cumplir dos meses  de posesión efectiva de las dependencias municipales, la nueva administración del cantón Chillanes aún enfrenta problemas  de  obras inconclusas  y contratos laborales que quedaron sin legalizar, mientras tuvo lugar el conflicto entre el destituido alcalde Ramiro Trujillo y el actual, Mentor Huilca, que abarcó el primer semestre de este año.

Este conflicto se   inició con la decisión de seis de los siete concejales de remover del cargo a Trujillo, luego de acoger una petición presentada por el ciudadano Marco Carrillo Argüello, quien lo acusó  del supuesto incumplimiento del plan de obras y falta de transparencia en su administración. Esto configuraría el delito de peculado.

De acuerdo con la edil Carmen Egas, durante el tiempo en que Ramiro Trujillo estuvo posesionado de la casona municipal  tras ser destituido, se llamó a varias personas a laborar en la Alcaldía bolivarense, pero sin entregarles contrato alguno ni  especificar sus funciones.

“El Municipio está saturado de gente. La actitud irresponsable de contratar a personas cuando él (Trujillo) ya nada tenía que ver, significó un engaño social y un perjuicio  a los trabajadores. Él solo quería gente que lo ayudara a sostenerse en el cargo”, indicó Egas.

El cantón Chillanes cuenta con cerca de 20 mil habitantes y, según la funcionaria, se estima que en la municipalidad laboran alrededor de 200 personas, es decir hay un trabajador municipal por cada 100 pobladores.  

“Se tiene que revisar cada uno de los casos de los empleados. Ver quiénes contaban con contrato, quiénes no; si se requiere este personal y en que áreas. Esta administración analizará detenidamente los casos”, añadió la concejala.

De su lado,  Mentor Huilca,  alcalde actual, indicó que son 80 los trabajadores  que fueron contratados por la anterior administración y que algunos cuentan con las legalizaciones pertinentes; pero que otro grupo de alrededor de  25 no tiene contratos. Estas personas, según Huilca, incluso agredieron a ediles y dañaron bienes municipales.

Una representación de este grupo de ciudadanos acudió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y  Seguridad Social de la Asamblea Nacional el 17 de junio, cuando acusaron a la actual administración de prohibirles ocupar sus puestos de trabajo.

Los supuestos afectados, representados por William Castillo, jefe de Talento Humano, y Nelson Huilca argumentaron que al acudir a sus lugares de labor, se encontraron con la puerta principal había un piquete policial como resguardo, que no se les permitía el ingreso, que se les impedía firmar la hoja de control de asistencia, que se les prohibió  la entrega de documentación de la maquinaria pesada para realizar el respectivo relevo con actas para de esa manera descargar su responsabilidad legal sobre los equipos.

El alcalde de Chillanes indicó, por su parte,  que dicho grupo falseó  la verdad y que cuenta con documentación que prueba que estas aseveraciones no son ciertas.

Según Huilca, al momento, las personas que no tenían contratos válidamente celebrados se han retirado voluntariamente del Cabildo y en los próximos días se atenderán los casos pendientes de  otros trabajadores, cuyos contratos están legalizados, pero por alguna circunstancia dejaron de laborar.

Al tema de los empleados municipales se suman —aseveró el burgomaestre en funciones— las cuentas pendientes dejadas por el ex alcalde Trujillo.  “Hay una gran deuda heredada de la administración anterior que llega a los 5.000 dólares, de los cuales el parque automotor de la institución es el que más pérdidas ha sufrido”, acotó Huilca.