La instalación de 8 fotosensores fijos y 2 fotorradares móviles para controlar la velocidad no deja de causar polémica y malestar en Ambato. Elizabeth Cruz pasó el susto de su vida a mediados de 2016. No sabía que su vehículo había sido multado dos veces por rebasar los 50 km/h en la avenida Bolivariana, cerca del Mercado Mayorista.

“Nunca me notificaron. Me enteré cuatro meses después por casualidad en la web. Debía pagar más de $ 800 por multas e intereses o no podría matricular mi carro.

Contraté un abogado, apelamos y ganamos. Tuve que pasar por un engorroso trámite para que me borraran las infracciones del sistema. Desembolsé $ 250”, aseguró Cruz.

El caso de esta ciudadana no es el único y no solo afecta a tungurahuenses. Nancy Freire, pillareña que reside en Ibarra (Imbabura), tuvo que pedir permiso dos días en su trabajo para resolver en Ambato dos infracciones de tránsito por exceso de velocidad.

“Dijeron que el trámite debía hacerlo personalmente. Luego de buscar un abogado que pude pagar pues muchos querían cobrarme $ 250 por cada multa, pude apelar y regresé a Imbabura. Pienso que regular la velocidad para evitar accidentes está bien, pero faltan campañas educativas y las multas son excesivas”, dijo Freire.

En los últimos días este asunto volvió a generar polémica cuando el alcalde Luis Amoroso llamó a una sesión extraordinaria del Concejo Cantonal para tratar el tema de los fotosensores la tarde del viernes 3 de marzo. Rescindir el contrato o mejorar para el Municipio el porcentaje de ingresos por el cobro de estas infracciones fue causa de debate durante dos horas y media.

Finalmente, el Concejo Municipal aprobó la resolución de autorizar al burgomaestre a iniciar el proceso de renegociación del contrato que fuera firmado por la administración anterior con la empresa concesionaria Safety Enforcement Seguridad Vial (SES).  

Para el concejal Róbinson Loaiza, este tema es de preocupación nacional, pues hay cientos de turistas del país que han sido multados. “La compañía privada habría invertido $ 3 millones en el equipamiento y esta recuperó con holgura ese monto. Solo de 2015 a 2016 se obtuvieron por multas $ 17 millones, de los cuales $ 7 millones fueron para el Cabildo y $ 10 millones para la compañía”.

Según Loaiza, la compañía asegura haber desembolsado alrededor de $ 400.000 en campañas de educación y material impreso. (I)