Desentrelaza sus manos para secar las lágrimas que ruedan por sus mejillas. Su llanto evidencia el temor y la angustia que experimentó durante meses de esclavitud en Quito, en poder de alguien que le prometió una vida mejor para ella y su hija, quien para agravar su historia tiene una discapacidad mental del 65%.

Hoy, ‘María’, a un año de los acontecimientos y tras el rescate de la Policía, mira esa época y la define como “una pesadilla que no quiere que nadie más viva”.

‘María’, nombre protegido, es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Chimborazo. Según su testimonio, narrado con agitación y sobresaltos, ‘un amigo’ la llevó a la capital para que labore supuestamente como empleada doméstica, pero al llegar la obligó a prostituirse.

Hasta ahora se reprocha lo que ella define como ‘haber sido confiada’, mientras —como prueba de lo que afirma— muestra las cicatrices que le dejaron las golpizas que le propinaban. “Me quitaba todo lo ganado y me amenazaba con hacerme daño a mí o a mi hija”, dice y añade que durante 3 meses soportó palizas constantes hasta que la Policía intervino.

Una pesadilla de por vida

“Todavía tengo sueños horribles y aunque he recibido ayuda constante del programa, me asustan ciertas cosas. Estoy agradecida de que ahora sea libre”, añade ‘María’ con un suspiro de tranquilidad, porque sabe que el hombre en el que confió está preso.

Este es uno de los casos que alcanzó sentencia condenatoria, porque la víctima no desistió de su denuncia. ‘María’ fue parte de  uno de los negocios ilegales más rentables del mundo: la trata de personas.

Según la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en Chimborazo se registraron, entre 2008 y 2012,  más de 10 casos, la mayoría en Colta y Guamote.

Franklin Flores, analista del Programa Víctimas y Testigos, menciona que en lo que va de 2014 solo se conoce una denuncia. “Esto no significa que no haya víctimas, es porque los afectados prefieren callar. Casi en la totalidad de incidentes, los padres realizan arreglos con personas para que lleven a sus hijos a Colombia y Venezuela. Allá trabajan a cambio de una remuneración y solo denuncian cuando no les pagan lo acordado”, indica Flores.

Lo que preocupa a los investigadores de este delito es que se están utilizando las redes sociales para captar víctimas. Una de estas situaciones se presentó en 2012 cuando una estudiante conoció a un hombre y se hizo su amigo.

Luego de meses le ofreció un trabajo en el exterior y obtuvo el permiso de los padres. Fuera del país la explotaron sexualmente. Escapó, denunció y volvió al país. El Código Orgánico Integral Penal sanciona este delito con 22 años de prisión.