Bien se puede decir que la mentalización de las leyes que rigen a las llamadas ‘corporaciones’ contemporáneas sigue el modelo colonial de haber sido gestada como “mercedes, gracias o privilegios” que otorgaba el rey a sus agremiados.

Las diversas asociaciones con las que se estructura nuestra sociedad, implementan reglamentaciones, estatutos y disposiciones.

Esto pensando en beneficiarse, aunque contradictoriamente, se incluyan articulados o disposiciones sancionadoras y hasta extorsionistas. Los privilegios son evidencias de una sociedad de castas.

Y la estructura de una sociedad colonial hace pensar que quien sube al poder empieza haciendo “gracias” o favores a los subordinados que constituyen el pueblo llano.

Hasta entrados los años 1800, los propios indígenas solicitaban y reclamaban al rey sus “privilegios, honras, prerrogativas, preeminencias, fueros, franquicias, inmunidades, libertades” que se disponían en leyes, pero que no se cumplían.

Así, se peleaba más por las gracias antes que por la justicia y los derechos. El rey siempre asomaba generoso con todos sus súbditos porque no tenía miedo de que se le arrebatara el poder.

En lugar de un rey, ahora es el Estado quien establece los privilegios a sus colaboradores que ayudan a mantener el sistema: beneficios para banqueros, licencias para importadores y exportadores, franquicias y fueros para militares, exoneraciones hasta para taxistas, bonificaciones para congresistas.

Además, jubilaciones preferenciales para jueces, policías, militares, funcionarios de contralorías, bonificaciones y complementos para petroleros, etc.

Esto quiere decir que el espíritu del privilegio se mantenía vigente en  los  reglamentistas, decretalistas  y demás hacedores de leyes.

Y ya vemos lo que pasa si se quitan o se tocan a los privilegiados; y es más, si se toca a quienes saben que el desarmado es un sujeto sin poder, casi un minusválido que no puede combatir con razones o con sentido civilizado.

Leemos en los textos de lingüística histórica que la palabra privilegio viene de leges privatorum quasi prívate leges. En una sociedad de castas las leyes se hacían y se hacen con dedicatoria.

Por eso en nuestro medio todavía no se ha olvidado —producto de la época colonial— que “las leyes son para los de poncho”.

¿Quiénes se exceptuaban de los gravámenes con que se dictaban las leyes? Pues los privilegiados, que conforme estaban más cerca del rey (o del poder) se sentían con más derecho a disfrutar de dones y gracias. Y en estas memorias, en que tratamos de repensar lo de ayer con lo de hoy, también entra el criterio de tratar con privilegios a las corporaciones como las villas o ciudades, donde es más evidente y palpitante la estratificación social.

A un pueblo hay que convertirlo en ciudad para que goce de privilegios; desde luego haciendo notar al superior que tales peticiones surgen de soportes económicos y administrativos que jerarquizan a las élites sectoriales. Actualmente se quiere llegar a ser cantón de una provincia —por someterme al ejemplo— para contar con la oportunidad de tener alcalde, de ser elegido concejal y disponer de oportunidades burocráticas.

Estando de parroquia, la escalera se termina apenas con una sola grada, que es la de disponer de un teniente político o, ahora, de un presidente de una junta parroquial. Esto también quiere decir que se abre el abanico de privilegios.

Ambato: de villa a ciudad

En la solicitud inicial con que los líderes ambateños peticionaron la creación de la villa expresan (redacción textual de los archivos históricos, incluso la ortografía): “Los vecinos de este Asiento de San Juan de Ambato en la provincia de Quito del Nuevo Reino de Granada, Santafé de Bogotá, que aquí firmamos.

Hemos pedido a la Real Audiencia de la ciudad de Quito, recombiniendo y suplicando a Su Alteza para que se sirviera la gracia de conceder de llenar el cuerpo de Cavildo admitiendo las posturas que los vecinos hizieren a la vara de Alferes Real.  Estos son el del Alcalde Provincial, Alguacil mayor, Depositario general y Escribano se hallan existentes y en propiedad.

Conformados por su Magestad, y el de fiel executor cuyo remate se acava de hazer y todos separada e independientemente de los de la Villa de Riobamba por protesta de acusación a su Magestad (que Dios Guarde) en súplica de las demás gracias y privilegios de título de Ciudad o Villa que la Real Magnificencia fuera servido franquear…”

Lo que hay que notar es que se plantea y solicita una gracia para tomar libertades en el desarrollo burocrático administrativo.

Concomitantemente con esto, nótese que se explican las capacidades económicas de que disponen para que el rey reconozca y ratifique el desarrollo burocrático.

Y sigue el texto histórico

“Como en tiempo de estos 11 años, a crecido el número de vecinos españoles e indios como se demuestra en sus 151  gremios,  pues la alcabala, Tributos, Cruzada, Novenas y demás ramos reales, contribuyen cada año. Libres a su Majestad, 12.261 pesos, y el nuevo ramo de Estanco de Aguardiente  a 3 mil pesos por año: de suerte que hoy contribuye a su Majestad, esta jurisdicción por año, 15 mil y más pesos, con notable aumento a los 7 mil que se regularon en aquella actualidad, fuera de 14.500 que así mismo por año contribuye para su Majestad con Tributos de Indios agregados”.

EL ESQUEMA BUROCRÁTICO EN EL QUE NACIÓ LA URBE

He citado estos pequeños párrafos de la solicitud inicial para entender el esquema burocrático con el que nació la ciudad de Ambato.

Sin embargo, insistiendo en que se solicitó una gracia o privilegio, conviene  aclarar que estas gracias se solicitaban y se concedían cuando ‘faltaban méritos’ o no se reunían los requisitos para ser beneficiarios de lo peticionado.

El hecho de pasar a tener una categoría de villa o ciudad significaba que había, lo que se diría hoy, una autonomía financiera para mantener la burocracia; y, es más, tener una villa significaba que era una inversión que daba réditos al poder central.

Vistas las cosas desde la óptica de los habitantes que en el pueblo llano pasan a ser ‘beneficiarios’ de los adelantos, tal cosa no es así, porque deben contribuir más en favor de quienes suben a la plataforma administrativa.