El caso del desvío de los 13 millones de dólares de las arcas del Cabildo de Riobamba abrió las puertas de la prisión y  una investigación contra  Juan Salazar López. Pero ese no es el primer lío de tinte jurídico que afronta el Alcalde chimboracense.

Así, cuando dirigía el Municipio de Penipe, un informe de Contraloría emitido el 8 de junio de 2007, estableció presuntas irregularidades encontradas en los diferentes proyectos para enfrentar el proceso eruptivo del volcán  Tungurahua.  

Por ejemplo, el  29 de octubre de 2003, el Municipio de Penipe donó maquinaria a la cooperativa de producción San Miguel de Puela, por un monto de  9.519,49 dólares. Sin embargo, esta nunca operó.  Previamente y al amparo de la emergencia declarada en la zona, se pidieron tres proformas. Dos empresas   metal mecánicas  entregaron sus propuestas y la tercera ofertante fue la empresa Hidromaxi, que, en su registro único de contribuyentes, constaba como proveedora de insumos de odontología. Pero la municipalidad adjudicó a esta empresa el contrato.

Para la Contraloría, la falta de planificación afectó la puesta en marcha del proyecto, pues las instalaciones físicas no estaban listas, por lo que la maquinaria tuvo que ser embodegada en espera de que se construyera la infraestructura. La fábrica continúa paralizada.

Así mismo, el 9 de julio de 2004, el Concejo cantonal autorizó la contratación y adquisición de  maquinaria para el funcionamiento del centro de acopio y la procesadora de frutas en la parroquia  Bayushig. Y el 11 de agosto de ese año, se adjudicó el contrato, entregándose un anticipo de 23.520  dólares (el 70% del total)   existiendo un plazo de 40 días para la entrega del equipo. Pero ello no sucedió, pues recién el 12 de diciembre de 2005,  el Concejo procedió a cancelar el 30% restante y a firmar el acta de entrega-recepción; es decir, 16 meses después de que se entregara el anticipo.  La Contraloría observó el caso, pero no se responsabilizó a nadie.

Otra de las inversiones se hizo en un  centro de producción de  forraje hidropónico, cuyo establecimiento  se basaba en la idea de que los pastizales estaban contaminados de ceniza y que se necesitaba una alternativa para alimentar al ganado de la zona. Por ello se construyeron estructuras en  Bayushig, Matus, Calshi, Altar, El Manzano, Pungal y Puela, pero el proyecto  se paralizó. El informe de Contraloría dijo que las instalaciones “nunca cumplieron con su objetivo y nunca funcionaron. Toda la infraestructura con cajones e instalaciones  se encuentra destruida, sin ninguna utilización”.

En el caso de la vía El Altar-Pachinillay, el informe de Contraloría indicaba que  existían  indicios de responsabilidad penal en contra de los miembros de la Comisión de recepción de la obra. Entre ellos Juan Salazar, por el delito tipificado y sancionado en el Art 338 del Código Penal por haber redactado y suscrito un  acta  de entrega - recepción provisional falsa de la obra.

Antes, en el año 2000, el actual Alcalde riobambeño se vio implicado como secretario del Sindicato de Choferes de Penipe en el  caso de la venta de más de 600 licencias; estuvo detenido menos de 72 horas.

Así mismo, para la construcción de  la Escuela del Milenio en Penipe se subdividieron contratos, algo prohibido por la Ley. Y pese a que el informe final de Contraloría  emitido en junio de 2007,   contenía sugerencias que nunca se cumplieron, no hubo detenidos  ni imputados.