Los prefectos de las provincias de Pastaza, Napo, Morona Santiago y Orellana son parte de la Mancomunidad de Gobiernos Provinciales de la Amazonía (Conga), y quienes desde hace aproximadamente dos años vienen    impulsando la creación de la Ley Especial de Circunscripción Territorial Amazónica (CTEA), amparados en el artículo 250 de la Constitución y el Artículo 11 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Con este  proyecto de ley, los prefectos   pretenden conservar y proteger la biodiversidad; promover el desarrollo sustentable; garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el Buen Vivir en armonía con la naturaleza, además de definir criterios y parámetros de planificación para el desarrollo y ordenamiento territorial.

Uno de los aspectos más importantes consiste en  redistribuir entre los gobiernos seccionales los ingresos que percibe el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae); respetar los derechos colectivos en las actividades de prospección, exploración y explotación de recursos no renovables y, en ese marco, se propugna que las consultas previas se realicen de buena fe y hasta llegar a  acuerdos.

Para aplicar este proyecto  en las seis  provincias de la región amazónica se  recolectaron firmas de respaldo al plan en abril, las cuales  fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su  calificación. Luego, dichas firmas, junto con otra documentación pasaron   a la   Asamblea Nacional para que se dé trámite al pedido de las autoridades amazónicas.

A finales de julio, Jaime Guevara, prefecto de Pastaza y presidente del Conga, confirmó que el proyecto fue devuelto por parte de la Asamblea. Guevara calificó este hecho como una maniobra política  que pretendería deslegitimar los derechos de los amazónicos, al impedir el tratamiento del proyecto.

Según la Asamblea Nacional  el motivo que impidió el   trámite del proyecto es que para impulsar una Ley de  características de ámbito regional, esta debe acompañarse por el 0,25% del total de firmas del padrón electoral nacional; es decir, 27.780.

En las  seis provincias integrantes de la mancomunidad se recopilaron y presentaron alrededor de 20 mil firmas, que  luego de la revisión y calificación del CNE, fueron  legitimadas solo 15 mil.

Según el asambleísta por Pastaza, Germán Ledesma, quien es vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL),  el proyecto de los CTEA  no solo fue rechazado por falta de  firmas, sino porque se habría observado que el proyecto de ley únicamente obedece a intereses políticos.

Para  Guevara  existe un doble discurso por parte del  CNE, ya que a inicios de  año, el organismo electoral les  habría exigido solamente 773 firmas que equivalen al 0,25% del padrón electoral  a nivel regional. 

Sin embargo, en una segunda resolución, emitida en junio de 2013, les solicitó  más de 27 mil rúbricas. “No logramos entender la doble disposición del CNE. Todo se está manejando políticamente; intentan deslegitimar e impedir que los amazónicos alcancemos nuestros derechos”, reclamó.

En base a ello, el pasado fin de semana  se reunieron los prefectos integrantes del Conga en   Coca,  además de delegados de Sucumbíos y Zamora Chinchipe, quienes acordaron: pedir  al CNE que explique cuál de las dos resoluciones está en  vigencia y a cuál de ellas deben responder.

También anunciaron  que mantendrán la predisposición para —si es necesario— empezar una nueva campaña de recolección de rúbricas en la región amazónica y completar el nuevo número de firmas  solicitado por el CNE para que el proyecto de Ley avance.

“Nos merecemos respeto, continuaremos en el trabajo hasta alcanzar la Ley”, manifestó el presidente del Conga.