En el espacio denominado “Parque del Diablo”, al suroriente de la ciudad de Riobamba, en febrero de este año se inició la construcción de la  Terminal Terrestre Oriental para el transporte hacia los cantones de Penipe, Chambo y sus parroquias, y para los buses interprovinciales que van hacia Morona Santiago y Pastaza. En la obra, la municipalidad  invertiría 576.613, 31 dólares.

Pero tras la detención del alcalde Juan Salazar en relación con el caso del desvío de fondos municipales, empezaron a llegar   denuncias de que la construcción no contaba con estudios técnicos  y que, además, no se cumplieron los procesos administrativos para su ejecución. 

Los concejales Jorge Recalde, César García y Marco Portalanza entregaron el informe a la Contraloría General del Estado  sobre las supuestas irregularidades que  encontraron en el proceso de aprobación y contratación de la obra,  lo cual representaría un nuevo causal de destitución que sería  adjuntado al proceso de remoción iniciado en contra del burgomaestre.

Los ediles basan su denuncia en la documentación presentada por la fiscalizadora de la obra, Lupe Gómez, quien en parte de su informe menciona el motivo de su renuncia: “La obra de reubicación de la Terminal Oriental no cuenta con el estudio para la creación de una terminal terrestre, planos debidamente aprobados ni firmas de respaldo.

El desbanque de plataformas se  estaría realizando con maquinaria del Municipio de Riobamba para evitar el pago del rubro en la planilla. No se cuenta con memoria técnica de diseño por parte de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba (Emapar) ni de la Empresa Eléctrica, por lo que como fiscalizadora no me responsabilizo por los inconvenientes posteriores que se puedan presentar en la parte legal”, indicó Gómez en su carta de renuncia.

En el  informe presentado por los concejales a la Contraloría, indican tres puntos que demostrarían el presunto incumplimiento de la ley: Violación a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, la cual indica “que el proyecto debía contar con los estudios correspondientes, planos, cálculos, especificaciones técnicas debidamente aprobados”.

Violación del artículo 423 Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), el cual establece: “Bienes pueden pasar a otra categoría, previa resolución del órgano de legislación del Gobierno Municipal y aprobado por la mayoría”.

Violaciones a la Ordenanza para el Control y Aprobación de Planos, pues “al ser un proyecto de uso masivo, debió haber sido puesto en consideración de la Comisión de Planificación Urbanismo y Vivienda para que se emita un informe respectivo al Concejo Cantonal para su aprobación”, según la denuncia.

Jorge Recalde, miembro de la Comisión de Obras Públicas, señaló que se quebrantó la ley en este procedimiento. “El Concejo nunca conoció este particular hasta este momento. Para empezar una obra de esta magnitud, el Concejo en pleno debía autorizar  este pedido con mayoría absoluta para el cambio del uso del suelo; las áreas verdes no podrían cambiarse de categoría”.

Los ediles esperan que con la información provista,  la Contraloría “tenga todo lo que necesita para iniciar una auditoría especial”

La construcción no ha sido paralizada hasta el momento y “solo se detendrá la obra cuando la Contraloría General se pronuncie y esté fundamentada, pues como concejales damos a conocer y a la final la Contraloría determinará si hay sanciones al respecto o no”, finalizó Recalde.

Con este son tres procesos los que se siguen en la entidad  en contra de la administración de Salazar.  El primero tiene que ver con la remodelación del parque Sucre, el segundo con la apropiación de una calle pública en el sector del Batán y ahora la Terminal Oriental.