A las 24:00 del 21 de mayo finalizó el plazo para la entrega de pruebas de cargo y descargo ante la Comisión de Mesa del Municipio de Riobamba, organismo que lleva adelante el proceso de la posible remoción del cargo del Alcalde de la ciudad, Juan Salazar.

Este se encuentra detenido en el Centro de Rehabilitación Social (CRS), en relación con el caso del desvío de 13 millones de dólares de las arcas municipales.

Y a partir del  miércoles, la Comisión  inició el trabajo de análisis de los documentos entregados por parte del representante legal del dignatario y los documentos presentados por los denunciantes. De acuerdo con la Ley, el ente tendrá cinco días hábiles (hasta el miércoles 29 de mayo) para emitir su informe,  que luego será conocido por el Concejo Municipal.

Son  tres las causales que se analizan para la posible remoción: La supuesta apropiación de un bien público en el caso del cierre de la calle del barrio El Batán para uso privado; el presunto incumplimiento de la resolución del Concejo sobre el presupuesto del año anterior, y la aparente negligencia administrativa al delegar claves  financieras municipales que eran intransferibles y cuya acción habría perjudicado al desenvolvimiento del Cabildo.

Erika Salazar, miembro de la Comisión de Mesa, mencionó que tras culminar el periodo de prueba (10 días), se procederá al análisis de la documentación. “A partir del miércoles  (último) contarán cinco días hábiles  para que la Comisión analice toda la documentación que se ha recogido en la fase previa. Debo enfatizar que el abogado defensor de Juan Salazar  realizó un sinnúmero de pedidos de pruebas de descargo, las cuales ya  hemos despachado. Se  ha notificado a los denunciantes, cumpliendo así con todos los parámetros establecidos por la ley”.

Se espera que para la próxima semana, la Comisión  presente al Concejo Cantonal la documentación con las pruebas de cargo y descargo para que posteriormente, los ediles determinen si existen causales para la remoción del cargo del Alcalde titular. Esto podría suceder el lunes 3 de junio en la sesión ordinaria del Pleno.

Sin embargo, el órgano cantonal no solo deberá decidir sobre este tema, pues existe la denuncia de la construcción de una miniterminal en el parque Del diablo, la cual no contaría con los estudios correspondientes. “Es un tema analizado por el Concejo. Existe un informe de la fiscalizadora en el que se indica que existen ciertas inconsistencias en el proceso. Incluso este trabajo se  estaría realizando sobre áreas verdes, lo cual está prohibido por el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), que indica que estos lugares no pueden ser cambiados de dominio.

Presentaremos de forma urgente el informe con las observaciones de la fiscalizadora y lo pondremos a consideración del Concejo”, mencionó la  edil.

Mientras tanto, en la municipalidad ya se ejecutan las actividades con normalidad. “Ya tenemos el dinero para cancelar sueldos y demás obligaciones, por lo que tratamos de mantener al Cabildo en total orden.  Estamos manejando un nuevo sistema de pago a los contratistas para que sus trámites no se demoren ni se queden atascados en algún departamento; todo debe ser despachado a tiempo y con total responsabilidad”,  mencionó Rodrigo Abarca, presidente de la Comisión de Presupuesto.

Por otro lado, sobre el pedido de los empleados del Cabildo para un  alza de sueldos, Abarca dijo:  “Eso no depende de la municipalidad, pues es el Ministerio de Relaciones Laborales el que decide, y de él no se conoce ninguna disposición al respecto, por lo que nos mantenemos con los mismos salarios”.